Programa
Reformas Procesales y Litigación

Hoy nos encontramos en presencia de un significativo esfuerzo legislativo y de las autoridades por modernizar distintas áreas del sistema judicial chileno. El primer paso estuvo constituido por la reforma procesal penal, la que luego de un arduo debate público y técnico comenzó su proceso de implementación el año 2000 en dos regiones del país, concluyéndose con la puesta en marcha en Santiago en junio de 2005. A ella le han seguido luego la reforma a los Tribunales de Familia, cuya entrada en vigencia nacional fue en el mes de octubre de 2005. Más recientemente se puso en marcha un nuevo sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, que luego de una postergación comenzó a funcionar en el mes de junio de 2007. En forma paralela se han realizado modificaciones estructurales al sistema de justicia laboral. Primero, por medio de la creación de tribunales de cobranza laboral que comenzó a regir desde marzo de 2007, y luego por una reforma significativa a los procedimientos laborales cuya entrada en vigencia se produjo en el año 2008 de manera gradual.


En todas estas reformas -con distinto grado de éxito- se ha intentando cambiar de manera radical el paradigma sobre el cual se habían estructurado dichos procesos en nuestro país e introducir en nuestra legislación las exigencias básicas emanadas del debido proceso. Desde el punto de vista procesal, todas estas reformas han introducido procedimientos orales en reemplazo de sistemas de tramitación por expedientes o escritos. Desde el punto de vista de la gestión de los sistemas que regulan también han existido esfuerzos por dotar a estos nuevos tribunales de una estructura de organización más moderna y eficiente (por ejemplo a través de la profesionalización de los cargos de dirección administrativa de tribunales). Este proceso de reformas judiciales no ha concluido. En efecto, en la actualidad existe una ley aprobada con el objetivo modernizar el proceso para conocer las infracciones tributarias y aduaneras y que establece la creación de una nueva jurisdicción en esta materia a cargo de jueces independientes de los servicios de Impuestos Internos y Aduanas. Además, el ejecutivo encargó a la Universidad de Chile la elaboración de un Anteproyecto de Código de Procedimiento Civil que ha sido concluido y que se pretende constituya la base de un proyecto de reforma en tal materia que afectaría la tramitación de todos los casos civiles y comerciales que hoy son tramitados en la jurisdicción existente en tal materia.

Lamentablemente, la experiencia positiva de la reforma procesal penal no ha sido replicada en las reformas posteriores, lo que ha generado serios cuestionamientos a la eficacia y sentido de las mismas. Tal vez el caso más paradigmático ha estado constituido por los nuevos tribunales de familia, los que a poco andar mostraron severas dificultades para cumplir con los objetivos previstos por dicha reforma, como es de conocimiento público. En una medida significativa la causa de los problemas enfrentados en los procesos de reforma se debe a que este enorme esfuerzo no ha sido acompañado de una reflexión profunda, tanto acerca de los diseños normativos óptimos como respecto de los modelos de gestión e implementación de estos nuevos sistemas reformados, ni tampoco de un seguimiento y evaluación de sus resultados que permita corregir errores.

Por ejemplo, en materia de diseño normativo es posible constatar la inexistencia de una tradición fuerte en nuestra comunidad académica y en los responsables de llevar adelante estas políticas públicas en materia de procedimientos orales y debido proceso en áreas no penales, todo lo cual ha sido un problema en nuestro país para poder revisar críticamente nuestras antiguas legislaciones procesales y construir los nuevos modelos que se han intentado establecer. Tampoco ha estado presente una clara visión de política pública en el desarrollo de estas nuevas legislaciones, las cuales han sido fundamentalmente desarrolladas por las comunidades académicas más tradicionales en las respectivas disciplinas, reproduciéndose así los viejos vicios de un estilo de reformas legales que se caracteriza por el ‘fetichismo legal’, es decir, la confianza en que estos procesos de reforma son centralmente cambios normativos de códigos o legislaciones

En el contexto descrito, el objetivo del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, es el de contribuir en este proceso de formulación e implementación de políticas públicas de una manera activa, por medio de investigación, capacitación y extensión que fortalezcan el debate público y los criterios técnicos que son necesarios para llevar exitosamente tales procesos de modernización y cambio procesal en las distintas áreas.