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Sename: ¿Crisis o estado permanente de vulneración? Destacado

Escrito por  |  Lunes, 11 Septiembre 2017 20:22  |  Publicado en Blog-Opinión

Luego de conocerse la información sobre muertes, explotación, tortura y otras gravísimas violaciones a los derechos humanos de niños y niñas en nuestro país, nadie desconoce la gravedad del problema, el que se ha etiquetado como “la crisis del Sename”. Sin embargo, es discutible que la situación de vulneración de derechos de los niños y niñas en Chile obedezca a una “crisis”, como también que ésta sea sólo del Sename. Así, una crisis involucra un cambio considerable para empeorar el desarrollo de un proceso. Lo que ocurre en este caso, sin embargo, es una situación sostenida de vulneración de derechos fundamentales. Los problemas del Sename no parten con la noticia del lamentable fallecimiento de más de mil niños a su cargo, sino con una institucionalidad que por décadas no ha sido diseñada, financiada ni supervisada para cumplir con la labor de cuidado de esos niños y niñas.

Por esta razón, no es ninguna sorpresa que tras casi un año y medio desde el lamentable fallecimiento de Lissette Villa, los funcionarios del Centro Galvarino – lugar de fallecimiento de la niña – se encuentren en una toma porque el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de reforzar la infraestructura de las dependencias y la contratación de mayor dotación de profesionales. Tampoco lo es la existencia de más de cien sumarios abiertos contra funcionarios del Semane por maltrato a niños y niñas.

Más allá de la discusión sobre la legitimidad de las demandas específicas de estos funcionarios, por una parte, los peligros a los que se ven expuestos los niños y niñas que viven en el recinto debido a esta situación, por la otra, o la demora (más o menos justificada) en resolver los sumarios pendientes, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Chile no cuenta con una institucionalidad que se haya tomado en serio su labor de protección de los niños y niñas más vulnerables y los expone persistentemente a ser víctimas de abuso y maltrato. No hay, por tanto, un cambio reciente en el empeoramiento de la situación. Lo que cambió es que la ciudadanía pudo acceder a la información sobre la gravedad de los hechos.

Pero tampoco, cuando hablamos de la situación de niños y niñas en Chile, se trata sólo de un problema que pueda ser radicado en el Sename.  Desde la ratificación de la Convención sobre los derechos del niño, el país mantiene una deuda pendiente al no haber implementado un sistema de protección integral de la infancia. Aquí tampoco podemos hablar de una crisis, sino de una postergación larga e inexcusable de una política pública urgente. Por ello, aunque no hubiera ninguna muerte que lamentar, Chile seguiría en deuda con sus niños y niñas  al no contar, sólo a modo de ejemplo, con un procedimiento que les asegure el derecho a la defensa, una ley de adopción eficiente, una estructura de servicios que limiten la institucionalización, un sistema de responsabilidad penal adolescente debidamente especializado, etc.  Sólo resta confiar en que por la gravedad de los hechos que se encuentran hoy en conocimiento público, se adopten definitivamente las medidas necesarias para reparar el daño causado y asegurar que los niños y niñas, especialmente los más vulnerables, puedan contar con un estado que lejos de vulnerar sus derechos, los proteja y promueva.

(*) Contenido originalmente publicado en la sección "voces" de La Tercera.

Control preventivo de identidad

Escrito por  |  Miércoles, 28 Junio 2017 09:54  |  Publicado en Blog-Opinión

Señor director:

A partir de las cifras sobre el uso de la facultad de control de identidad preventivo entre julio de 2016 y mayo de 2017, el senador Espina concluye que se trata de un buen instrumento. Los datos arrojan más bien dudas. El número total de controles es inferior a los que las policías ya realizaban con la facultad que poseían previamente, lo que permite cuestionar si fue una reforma realmente necesaria. Además, no pareciera ser eficaz.

Los datos de Carabineros muestran que solo uno de cada 18 controles permite identificar a una persona con orden de detención pendiente. El control de identidad antiguo tenía una tasa de una cada 6,2, es decir, tres veces más efectivo. El análisis trimestral de datos genera aún más dudas. Entre julio y septiembre de 2016 la tasa fue de una orden por cada 50,3 controles preventivos, y entre enero y marzo de 2017 de una por cada 34,3. Inexplicablemente el trimestre octubre-diciembre de 2016 la tasa baja a una por cada 11,4 y eso influye en el promedio de todo el período. Esto esconde realidades trimestrales dramáticamente diferentes e inexplicables, generando dudas sobre la confiabilidad de los datos.

Se destaca como logro que existirían solo 12 reclamos de ciudadanos contra su uso. La evidencia advertía de este fenómeno debido a las barreras que existen para denunciar ante la propia autoridad policial su comportamiento abusivo. La práctica ha permitido apreciar que esos problemas subsisten y, por lo mismo, más que de un logro podemos estar en presencia de un serio problema.

Valoro el esfuerzo de intentar evaluar el impacto y funcionamiento de esta facultad. Con todo, para ello debemos tener información de mejor calidad que la disponible (mucho menor a la prometida cuando se dictó la ley) y más rigor en el análisis.

Mauricio Duce J.

Profesor derecho UDP

Presidente Ejecutivo Espacio Público

Reforma a la Justicia Civil Destacado

Escrito por  |  Miércoles, 24 Mayo 2017 08:14  |  Publicado en Blog-Opinión

Señor Director:

La justicia civil no vende. No tiene el impacto de un caso penal, como los que profusamente hemos visto en el último tiempo, ni la gravitación de un caso de familia en que se decide el futuro de padres e hijos, ni tampoco el componente social de un caso laboral. Nada de eso. De muestra un botón: el proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil que se discute en el Congreso Nacional lleva tres años sin movimiento.

La justicia civil parece no ser lo suficientemente atractiva como para invertir tiempo y dinero en reformarla, pues en ella se resuelven asuntos principalmente de contenido patrimonial o comercial que solo interesan a particulares y porque está cooptada por la banca y el retail con miles de causas de cobranza que repletan los tribunales. Todo eso hace que una reforma a la justicia civil no parezca relevante ni menos prioritaria.

Pero ya que entramos en "modo" campaña presidencial, sugiero a los asesores de los candidatos sentarse a pensar en la necesidad de un cambio profundo. Permítanme darles solo dos argumentos. Primero, algo hay que hacer para que la justicia civil no sea una justicia de cobranzas; no es posible que el grueso del trabajo de los tribunales sea solo ejecutar deudas, cuestión tremendamente relevante, pero que no puede copar la agenda de los jueces tal como lo hace ahora. Segundo, allá afuera hay un sinnúmero de necesidades legales insatisfechas, como conflictos de consumidores, problemas comunitarios, pequeñas deudas que no llegan a nuestros tribunales. ¿Qué pasa con ellos? Es un misterio. Algunos van a parar a justicia local, otros a alguna oficina comunal y otro tanto no llegan a ninguna parte.

Es hora de pensar en un nuevo modelo para los próximos 50 o 100 años.

Macarena Vargas
Profesora Facultad de Derecho U. Diego Portales 


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