Blog-Opinión

Control preventivo de identidad Destacado

Escrito por  |  Miércoles, 28 Junio 2017 09:54  |  Publicado en Blog-Opinión

Señor director:

A partir de las cifras sobre el uso de la facultad de control de identidad preventivo entre julio de 2016 y mayo de 2017, el senador Espina concluye que se trata de un buen instrumento. Los datos arrojan más bien dudas. El número total de controles es inferior a los que las policías ya realizaban con la facultad que poseían previamente, lo que permite cuestionar si fue una reforma realmente necesaria. Además, no pareciera ser eficaz.

Los datos de Carabineros muestran que solo uno de cada 18 controles permite identificar a una persona con orden de detención pendiente. El control de identidad antiguo tenía una tasa de una cada 6,2, es decir, tres veces más efectivo. El análisis trimestral de datos genera aún más dudas. Entre julio y septiembre de 2016 la tasa fue de una orden por cada 50,3 controles preventivos, y entre enero y marzo de 2017 de una por cada 34,3. Inexplicablemente el trimestre octubre-diciembre de 2016 la tasa baja a una por cada 11,4 y eso influye en el promedio de todo el período. Esto esconde realidades trimestrales dramáticamente diferentes e inexplicables, generando dudas sobre la confiabilidad de los datos.

Se destaca como logro que existirían solo 12 reclamos de ciudadanos contra su uso. La evidencia advertía de este fenómeno debido a las barreras que existen para denunciar ante la propia autoridad policial su comportamiento abusivo. La práctica ha permitido apreciar que esos problemas subsisten y, por lo mismo, más que de un logro podemos estar en presencia de un serio problema.

Valoro el esfuerzo de intentar evaluar el impacto y funcionamiento de esta facultad. Con todo, para ello debemos tener información de mejor calidad que la disponible (mucho menor a la prometida cuando se dictó la ley) y más rigor en el análisis.

Mauricio Duce J.

Profesor derecho UDP

Presidente Ejecutivo Espacio Público

Reforma a la Justicia Civil Destacado

Escrito por  |  Miércoles, 24 Mayo 2017 08:14  |  Publicado en Blog-Opinión

Señor Director:

La justicia civil no vende. No tiene el impacto de un caso penal, como los que profusamente hemos visto en el último tiempo, ni la gravitación de un caso de familia en que se decide el futuro de padres e hijos, ni tampoco el componente social de un caso laboral. Nada de eso. De muestra un botón: el proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil que se discute en el Congreso Nacional lleva tres años sin movimiento.

La justicia civil parece no ser lo suficientemente atractiva como para invertir tiempo y dinero en reformarla, pues en ella se resuelven asuntos principalmente de contenido patrimonial o comercial que solo interesan a particulares y porque está cooptada por la banca y el retail con miles de causas de cobranza que repletan los tribunales. Todo eso hace que una reforma a la justicia civil no parezca relevante ni menos prioritaria.

Pero ya que entramos en "modo" campaña presidencial, sugiero a los asesores de los candidatos sentarse a pensar en la necesidad de un cambio profundo. Permítanme darles solo dos argumentos. Primero, algo hay que hacer para que la justicia civil no sea una justicia de cobranzas; no es posible que el grueso del trabajo de los tribunales sea solo ejecutar deudas, cuestión tremendamente relevante, pero que no puede copar la agenda de los jueces tal como lo hace ahora. Segundo, allá afuera hay un sinnúmero de necesidades legales insatisfechas, como conflictos de consumidores, problemas comunitarios, pequeñas deudas que no llegan a nuestros tribunales. ¿Qué pasa con ellos? Es un misterio. Algunos van a parar a justicia local, otros a alguna oficina comunal y otro tanto no llegan a ninguna parte.

Es hora de pensar en un nuevo modelo para los próximos 50 o 100 años.

Macarena Vargas
Profesora Facultad de Derecho U. Diego Portales 

Voto de convictos Destacado

Escrito por  |  Viernes, 19 Mayo 2017 09:53  |  Publicado en Blog-Opinión

Señor director:

Luego que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerara que Reino Unido violaba los derechos humanos al contemplar una prohibición general de voto a los convictos, el primer ministro de la época señaló que le daba náuseas la posibilidad de permitir que alguien que estaba en la cárcel votara, y desafió constantemente el fallo de la Corte.

La reacción de David Cameron, aunque exagerada, no se aleja de nuestra realidad. Hasta meses atrás, los tribunales chilenos se oponían a la posibilidad de que las personas privadas de libertad votaran, invocando diversas normas jurídicas y técnicas. Este año, sin embargo, la Corte Suprema ha revertido correctamente esta tendencia, señalando que el Servicio Electoral y Gendarmería, al negarse a facilitar el voto, cometen un acto ilegal, violatorio de la legislación interna e internacional que consagra, por ejemplo, el derecho a voto a todos los ciudadanos y a participar en todas las actividades de la vida nacional.

Quedan al menos dos cuestiones pendientes. Primero, que el Servicio Electoral y Gendarmería tomen las medidas para que desde las próximas elecciones se materialice la decisión de la Corte. En segundo lugar, es necesario desafiar la idea de que las personas que han cometido delitos dejan de ser ciudadanos, partícipes de la vida pública. La pena en una sociedad democrática tiene límites, entre los cuales debería contemplarse el respeto a  la condición de ciudadanos de quienes son investigados y sancionados.

Originalmente publicada en Diario La Tercera. 


Página 1 de 2