Destacados

En la reciente edición impresa de la Revista El Mercurio Legal se entrevista en detalle a Cristian Riego sobre la Reforma procesal penal y su futuro. La publicación señala:

"Este profesor de la U. Diego Portales, que fue director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal chileno y la ley del Ministerio Público, analiza los problemas que hasta hoy persisten en la investigación de los delitos, incluidas las dificultades de coordinación entre las policía".

Sobre la transmisión de juicios por televisión Destacado

Escrito por  |  Martes, 02 Mayo 2017 13:00  |  Publicado en Destacados

El caso de la señora Nabila Rifo ha generado un importante debate acerca de la transmisión televisiva de juicios orales. La exhibición de la declaración de la propia víctima y preguntas de los defensores acerca de su vida personal, generaron un rechazo bastante generalizado a la transmisión de los juicios y la Corte Suprema ha tomado decisiones destinadas a restringir dicha práctica por medio del canal judicial.

Me parece que es posible resumir los argumentos en contra de la transmisión de la siguiente forma: primero, la transmisión televisiva maximiza la afectación a la intimidad de víctimas y testigos que ven expuestos públicamente aspectos de su vida que cualquier persona tiene derecho a mantener en la esfera privada y que inevitablemente son objeto de discusión en los juicios; segundo, la transmisión televisiva puede afectar la imparcialidad del tribunal en cuanto a que la presión del público televidente a favor de una decisión absolutoria o condenatoria puede afectar a los jueces, quienes se verían presionados, o no, a enfrentarse a un rechazo generalizado del púbico. Y, finalmente, la transmisión televisiva afecta la calidad de las declaraciones de testigos que se enteran indebidamente del resto de la prueba pudiendo esto distorsionar su propia declaración.

Todos estos argumentos son válidos y deben ser tenidos en cuenta para resolver la cuestión, pero el problema es más complejo. Primero, porque las objeciones enumeradas no se producen en todos los casos y cuando se producen pueden ser en buena medida evitadas o mitigadas por medio mecanismos de edición de la transmisión que sean apropiados.

Pero sobre todo me parece necesario plantear también algunos aspectos favorables de la transmisión que hasta ahora no se han planteado en el debate y que no deben ser olvidados. En primer lugar, la transmisión televisiva produce un enorme efecto de control sobre los actores del sistema y el profesionalismo de su trabajo. Los sistemas de justicia penal tienen una natural tendencia a la burocratización y la ley del mínimo esfuerzo supone un riesgo permanente de degradación. En segundo lugar, la televisación favorece que el caso concreto sea abordado con mayor rigor e incentiva el profesionalismo al interior de las agencias que participan del sistema.

En tercer lugar, la transmisión televisiva de casos de alto impacto, es una de las pocas oportunidades en que el sistema judicial puede mostrar al público los mecanismos por medio de los cuales se toman las decisiones, atacando la generalizada percepción de arbitrariedad que alberga gran parte de la población y que afecta gravemente la legitimidad de las instituciones. Como cuarto argumento, se puede plantear que la televisación es una expresión amplificada del principio de publicidad que es una de las piedras angulares del estado democráctico y del debido proceso judicial. Es claro que su adopción supone desafíos importantes pero no puede ser descartada tan simplemente bajo el riesgo de hacer que la publicidad de los juicios pase a ser una expresión puramente simbólica, alejada de la realidad tecnológica en que vivimos. La idea de que la publicidad se limite a la asistencia a las salas de audiencias, limita este importante valor a una expresión mínima.

Me parece que es indispensable tener sobre este tema una discusión abierta, lo más amplia e informada posible, evitando la tentación de resolver la cuestión de manera definitiva a partir de el impacto de un solo caso por dramático que sea.

El desafío consiste en lograr lo efectos positivos de la televisación, minimizando las afectaciones que esta pueda generar, tanto al desarrollo de juicio como a la intimidad de quienes participan en él. Para lograr dicho propósito se requiere que el sistema judicial desarrolle una política respecto de este punto mucho más elaborada y profesional en las decisiones de televisación.

Por ejemplo, podría pensarse que no se transmita el juicio completo en directo sino un  resumen del mismo debidamente editado. También es probable que sea necesario acompañar la trasmisión con información complementaria, que permita al público entender el sentido de las actuaciones y también criticar el desempeño de los intervinientes. Para todas están labores probablemente se requeriría contar con un comité editorial que diera amplias garantías de un trabajo multidisciplinario, por una parte, y por la otra, de una completa independencia, tanto respecto de cualquier interés de parte como de cualquier defensa corporativa.

Invitación a Coloquio

El Programa de Reformas Procesales y Litigación (PRPL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, tiene el agrado de invitarle al coloquio titulado La declaración de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal: debate a propósito de un proyecto de ley”. 

Luego de algunos años de tramitación legislativa, el “Proyecto que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales” (Boletín 9245-07), ha tenido avances significativos en los últimos meses. Así, a fines de enero de 2017 fue despachado por el Senado y luego de haber sido aprobado en general y de manera unánime por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados en marzo, sigue adelante en su trámite ante la misma.

El proyecto propone cambios muy significativos en la forma en que niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de ciertas categorías de delitos deben ser tratados en el proceso penal y, especialmente, la forma en que deben prestar declaración en sus diversas etapas. Junto con satisfacer algunos valores muy significativos, como el interés superior del niño y la protección de su integridad física y psicológica, el proyecto también tensiona la vigencia de algunas garantías y principios sobre los que se ha construido nuestro modelo procesal acusatorio, como por ejemplo el derecho de defensa. En este contexto, el coloquio será una oportunidad para presentar las principales modificaciones propuestas por el proyecto de ley y luego discutir desde distintas perspectivas la conveniencia o no de sus propuestas centrales. Para esos efectos se realizarán dos breves presentaciones a cargo de los expositores invitados y luego se abrirá un especio amplio de discusión con los asistentes.

Los expositores serán:

Ignacio Castillo. Abogado de la Universidad Diego Portales y Magíster en Derecho por la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente se desempeña como Jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia.
Mauricio Duce. Abogado de la  Universidad Diego Portales y Magíster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Stanford. Actualmente es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la UDP y Presidente ejecutivo de Espacio Público. 

El coloquio se realizará el próximo día jueves 27 de abril de 13:15 a 14:45 horas, en la Sala de Video Conferencias de la  Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, (República 112), y contará con un almuerzo liviano.

Se solicita confirmar su asistencia al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.