Mauricio Duce

Mauricio Duce

Mauricio Duce Julio es abogado de la Universidad Diego Portales (1992) y obtuvo un Magíster en Ciencias Jurídicas (J.S.M) de la Universidad de Stanford, EE.UU (1999). Es profesor de diversos cursos en el área de la justicia criminal  en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Co- Director del Programa de Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma.  Entre los años 1994-1996 fue el secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley que integran la reforma procesal penal chilena y luego en el período 1996-2000 asesor del Ministerio de Justicia en el proceso de discusión legislativa e implementación de la misma. Ha sido profesor en diversas universidades en América Latina y Estados Unidos. Es autor de numerosas publicaciones en Chile y en el extranjero sobre justicia criminal, sistema procesal penal, justicia penal juvenil y nuevas metodologías de enseñanza del derecho. En la actualidad es Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en donde trabaja desde el año 1992 y desde marzo de 2017 asumió como Presidente Ejecutivo del centro de pensamiento chileno Espacio Público.

Sitio web Academia.edu: https://udp.academia.edu/MauricioDuce

“Pacogate” y “Operación Huracán” son algunos de los casos que han revelado problemas al interior de la institución de Carabineros y que alertan de la urgencia de una reforma al organismo.

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce, recién incorporado a la Comisión de Seguridad conformada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, afirmó que “la policía en una sociedad como la nuestra, debiera tener mayores niveles de subordinación a la autoridad y a la sociedad civil, asimismo, desarrollar estrategias adecuadas a las realidades territoriales locales y articular soluciones específicas”.

Para Duce, aún hay resabios del periodo post dictadura que se han transformado en barreras para introducir cambios en la organización policial actual, por ejemplo, el que Carabineros fuera parte de la dictadura militar y tuviera una bancada parlamentaria inicialmente, les hizo adquirir poder y autonomía fáctica que todavía mantienen.
“La emergencia del problema de seguridad ciudadana en los últimos 15 o 20 años, se anota como explicación para darle poder a la policía en los hechos y a través de un conjunto de normas jurídicas, que han reforzado su autonomía” indicó el abogado.
No obstante, también identificó la falta de una estructura institucional fuerte en la autoridad civil para poder cumplir como contraparte técnica y fiscalizadora, es decir, un déficit en la preparación del aparato estatal en esta materia.
Consultado por los cuestionamientos a la recolección de pruebas por parte de policías y el deterioro de la fe pública, el presidente ejecutivo de Espacio Público sostuvo que las situaciones que se han imputado en La Araucanía se tratan de figuras delictuales complejas, que exceden la pura flagrancia, y en las que no se cuenta con la capacidad técnica ni pruebas científicas o de ciencia forense para esclarecer los hechos.
En efecto, señaló que “Operación Huracán ha mostrado lo complejo que es tener laboratorios que dependen de jerarquías y que tienen por funciones específicas la persecución penal, debido a que hay incentivos y sesgos que a veces pueden perjudicar la calidad y confiabilidad de las pruebas”.
Por último, desde el punto de vista del abogado, hay un gran desafío en la insuficiencia del modelo de formación policial que históricamente hemos tenido y los perfiles de candidatos a la institución, puesto que se requiere a su juicio, de operadores que tengan las herramientas para dialogar con la comunidad y resolver los problemas siendo eficientes y con respeto a los derechos individuales.

La Comisión de Seguridad creada por la actual administración tiene hasta julio para presentar un informe enfocado en medidas para la modernización de las policías.

Originalmente publicado en Diario Uchile. http://radio.uchile.cl/2018/05/11/mauricio-duce-la-inseguridad-es-utilizada-como-justificacion-del-poder-de-carabineros/ 

La investigación realizada en los Estados Unidos (Gould et. al, 2014) sobre los aspectos que inciden en la generación de casos denominados como “near misses”, que podrían ser traducidos como casos cerca de errores o en los que casi se produce un error, está en el uso y evaluación tardía de la evidencia experta (peritajes) en las investigaciones penales. En efecto, si bien en estos casos el uso de prueba pericial por lo general ha permitido exonerar a las personas inocentes antes de haber sido condenadas (por eso no se trata de casos de condenas erróneas, sino de casos de casi error), un problema detectado en muchos de ellos es la tardanza en su realización. Por ejemplo, al someter a análisis las evidencias físicas encontradas en los sitios del suceso o en el curso de la investigación, esto llevaría a que en estos casos la aclaración de los hechos que exoneraba al imputado se haga en forma mucho más tardía de lo que podría haber ocurrido si es que los peritajes hubieran estado disponibles en forma más temprana. Esta tardanza genera una serie de problemas tanto para el sistema como para el propio imputado.

Según indica esta investigación, uno de los problemas de fondo que explica esto estaría en la concepción que tendrían las agencias de persecución penal sobre el rol de esta prueba. Así, se comprendería a la prueba pericial como una forma de asegurar una condena de una persona cuya culpabilidad ya creen establecida, lo que generaría pocos incentivos para su uso temprano. Dicho en forma coloquial, si creo haber capturado al culpable, no estoy muy apurado en conseguir pruebas que estimo solo confirmaran lo que ya sé. De ahí la recomendación básica que surge de esa literatura para el funcionamiento de los sistemas de justicia penal es que las pruebas periciales, particularmente los test de ADN, sean encargados tan pronto sea posible al inicio de la investigación y, de esta forma, cumplan un rol diferente al que aparentemente les estarían dando las agencias de persecución penal. En esta lógica, la prueba pericial se constituiría en una herramienta que permitiría desplegar una investigación y construir una teoría que explique los hechos del caso y no simplemente el rol de confirmar una versión que es la que los investigadores consideran ocurrió y de la cual están convencidos hace tiempo. 

En mi investigación empírica sobre las prácticas en el uso de la prueba pericial en nuestro proceso penal (pronta a publicarse en Revista Política Criminal, Vol. 13 n° 25, 2018) he identificado como una situación problemática las excesivas demoras en la producción de una cantidad importante de pericias. Se trata de un factor en el que coinciden fiscales, jueces y defensores entrevistados y que incluso es denominado como un “cuello de botella” del sistema. Peritajes que son mencionados reiteradamente como aquellos que generan más demoras incluyen los que se practican sobre drogas (cuyos resultados se obtendrían en plazos que varían entre 90 y 120 días como mínimo), alcoholemias (también con plazos entre 90 y 120 días), informes mentales (psiquiátricos), peritajes de credibilidad, sobre negligencias médicas, lesiones, entre otros. A estos patrones generales se agregan relatos de casos extremos donde los plazos han sido de mucha extensión, incluso de años. Más allá de estos casos extremos, pareciera existir una opinión bastante consistente en demoras significativas en el funcionamiento regular del sistema. Eso coincide con algunas cifras oficiales que obtuve de distintas instituciones por medio de requerimientos de transparencia. Así, por ejemplo, Carabineros informó que el promedio en días a nivel nacional que tomó la elaboración de peritajes de informática forense el año 2015 fue de 115 días, los médico criminalísticos y de incendio tardaron 97 días cada uno y los de genética forense y biología 95 días cada uno. Por su parte, la PDI informó que el promedio en días en la Región Metropolitana que tomaron la elaboración de peritajes en el año 2015 incluyeron 155 días para los de info-ingeniería, 126 días para los de bioquímica y biología, entre otros. 

Más allá de estos datos, una situación que me parece especialmente preocupante es la existencia de casos en los que personas inocentes han pasado largos períodos en prisión preventiva por demoras evidentes en la producción de pruebas de ADN, pese a que desde el inicio de la persecución penal sostenían su inocencia y era posible haber aclarado su participación en forma más temprana y con menos costo en sus derechos. Se trata de situaciones dramáticas que dan cuenta del impacto que tiene en concreto la tardanza en la producción de prueba pericial, en este caso los exámenes de ADN, y que sugieren que podría haber una cifra negra de casos mucho mayor. 

Un primer caso conocido públicamente es el de Adrián Zarricueta Toro, el que se encuentra registrado en la base de datos del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Zarricueta fue imputado por el delito de violación; no obstante, presentarse voluntariamente a declarar y desde el primer momento sostener su inocencia (invocando como coartada que en la fecha del delito estuvo trabajando a cientos de kilómetros del lugar en donde este ocurrió). Alcanzó a estar 80 días en prisión preventiva antes de que fuera liberado gracias a los resultados de una prueba de ADN practicada sobre residuos biológicos que fueron encontrados en la víctima y que demostraron de manera concluyente que él no pudo ser el autor. El caso fue sobreseído definitivamente por la causal del artículo 250 letra b) del Código Procesal Penal (“cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”) el 21 de noviembre de 2013, casi cuatro meses después de ser formalizado (31 de julio del mismo año). Como se puede apreciar, si bien el caso concluye con una resolución favorable, resulta difícil comprender la demora en la obtención de resultados en una hipótesis en donde se estaba planteando la inocencia del imputado, cuando él estaba privado de libertad y ya se disponía del material biológico que permitía practicar el examen. 

Aún más dramático pareciera ser un caso más reciente. Se trata del de don Eduardo Molina quien en septiembre de 2017 fue formalizado por el delito de violación y alcanzó a estar en prisión preventiva cuatro meses y ocho días antes de que fuera puesto en libertad al conocerse el resultado del examen de ADN practicado. Dicho examen demostró que su ADN no correspondía al de la huella genética obtenida de los restos de semen del agresor encontrados en el cuerpo de la víctima (se trata de un caso que prontamente estará disponible en la base del Proyecto Inocentes). Desde su detención manifestó su inocencia y voluntariamente autorizó la toma de muestras de su ADN para demostrarla. Los restos orgánicos del autor encontrados en la víctima ya habían sido objeto de análisis debido a que la investigación se había iniciado más de un año antes que la detención de Molina. El caso fue finalmente sobreseído de manera definitiva por la causal del artículo 250 letra b) del Código Procesal Penal (“cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”) el 20 de marzo de este año, más de seis meses después de que fuera formalizado. 

Me parece que ambos casos reflejan de manera dramática el problema que para los imputados genera la tardanza en la producción de una prueba, como en estos casos el examen de ADN, que tiene el poder de aclarar tempranamente la imputación si es realizada en forma rápida. 

Es probable que detrás de estas demoras existan justificaciones asociadas a la escasez de recursos para realizar este tipo de exámenes y no a la mala fe o desidia de los operadores del sistema. Con todo, surge la pregunta de si aún en ese escenario no es posible hacerlo un poco mejor. Mi impresión es que el problema no es solo de falta de recursos, sino también de una no priorización de los mismos y, aún antes, de la poca conciencia de las consecuencias que esto produce. Así, por ejemplo, no es lo mismo la práctica de uno de estos exámenes tratándose de un imputado preso que alega su inocencia y autoriza la toma de muestras que un caso en donde no existe nadie privado de libertad. Por lo mismo, más allá del fortalecimiento presupuestario de las agencias que practican este tipo de exámenes, pareciera necesario avanzar en el desarrollo de algún tipo de protocolo que priorice casos como estos y así evite que situaciones de privación de libertad extensas de inocentes se produzcan. Un pequeño cambio de política en esta materia y un poco más de consciencia en los actores de la magnitud del problema podrían tener un impacto muy relevante en la vida de personas como Zarricueta y Molina.

 

Originalmente publicado en El Mercurio Legal

Mauricio Duce, Director del Programa de Reformas Procesales y Litigación, participó en la última versión del programa Informe Especial de TVN, referido al caso de Nábila Rifo. Duce fue consultado como experto a nivel nacional en materia de prueba pericial. En particular, Duce se refirió a como en el derecho comparado se maneja la prueba pericial y el impacto decisivo que esta puede tener en la condena o inocencia de una persona.

Puede acceder al programa de informe especial en el siguiente link: http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-las-dudas-en-el-caso-de-nabila-rifo-2501457

El pasado 19 de julio el Director de nuestro programa expuso en la comisión de seguridad ciudadana de la cámara de diputados. En el siguiente link puede ver el video http://streaming.camara.cl/vd/PROGC013463.mp4 

La intervención de Duce va desde el minuto 21.30 hasta el 40:00 y posteriormente responde las preguntas entre el 1:34:45 y el 1:42:15. 

"... Los problemas que enfrenta son más profundos y van mucho más allá de los evidentes déficits de control financiero que presentaba. En la medida que no sean resueltos me temo que desaprovecharemos una enorme oportunidad para encarar un proceso que los supere y permita contar con una institución capaz de enfrentar los desafíos que representa a las policías una sociedad chilena como la actual..."

 

En una columna que publiqué en El Mercurio Legal en diciembre de 2016 hice un llamado a que tuviéramos una mirada más profunda sobre el trabajo policial en nuestro país, donde expresaba que “sin mejoras importantes en esa materia, las que eventualmente pasan por cambios significativos de diseño institucional, no nos estaremos haciendo cargo de los problemas de fondo”. Refiriéndome al conjunto de polémicas que se suelen presentar, concluí la reflexión preguntando: “¿No será la hora que comencemos con esta discusión de una vez por todas?”.

Lamentablemente no se ha avanzado mucho en la materia y con el transcurso del tiempo cada vez se hace más necesario iniciar este proceso de reflexión. En efecto, a partir de marzo pasado se ha conocido una defraudación masiva de recursos en Carabineros de Chile que a la fecha involucraría una cifra cercana a los $ 22.500 millones y en la que han sido formalizado 80 personas como potenciales autores. Se espera que en las próximas semanas estas cifras puedan aumentar y no se descarta que surjan nuevas aristas que agreguen más elementos a la ya compleja investigación que lleva adelante el Ministerio Público. A pesar de que aún falta agua por correr bajo el puente, a esta altura ya estaríamos en presencia del caso de defraudación de fondos públicos más grande que ha conocido el sistema procesal penal acusatorio desde su puesta en marcha en nuestro país el año 2000. Además, sería uno de los más complejos desde el punto de vista de la cantidad de imputados involucrados (en su gran mayoría funcionarios en servicio y ex funcionarios). 

El caso ha generado natural preocupación en autoridades y también en la opinión pública, no solo en relación a la defraudación sino que respecto al estado en que se encuentra Carabineros. En esta dirección ha existido un reconocimiento de parte de las propias autoridades institucionales acerca de la falta de cultura de control interno que derivó en los hechos actuales. Se trata de algo muy preocupante ya que Carabineros ha sido consistentemente evaluada en distintas encuestas de opinión durante los últimos años como la entidad pública que genera mayor confianza y la mejor apreciada por la ciudadanía. Por lo mismo, ha sido una enorme sorpresa que se haya visto involucrada en hechos de esta naturaleza y magnitud sin haber tenido capacidad de reaccionar en forma más oportuna. 

Como era esperable, esto ha tenido impacto en la percepción pública sobre la institución. Así, el Estudio Nacional de Opinión Pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y dado a conocer en mayo pasado mostró una baja muy relevante en esta materia. De acuerdo a los datos publicados, Carabineros pasó de tener una confianza promedio de 56% en las tres encuestas previas (2014 a 2016) a un 37% en esta última. Se trata de un verdadero desplome de cerca de 20% absoluto o, si se quiere, de más de un tercio respecto a su promedio. Además, la Encuesta CEP muestra que Carabineros dejó de ser la institución más confiable del país, a pesar de que su valoración sigue siendo alta en relación a otras instituciones públicas y privadas que aparecen mencionadas. 

De la mano de estos sucesos poco a poco también ha comenzado un debate sobre la necesidad de realizar cambios y reformas a la institución. A días de conocerse públicamente la investigación del Ministerio Público, el director general anunció la elaboración de un conjunto de propuestas destinadas a establecer mayor controles en su gestión financiera. Es así como a finales de abril se presentó un paquete de medidas y propuestas de cambio que fueron respaldadas en forma bastante rápida y pública por el Ministerio del Interior y otras autoridades. En mi opinión, se trata de medidas absolutamente necesarias, pero también insuficientes. Los problemas que enfrenta Carabineros son más profundos y van mucho más allá de los evidentes déficits de control financiero que presentaba. En la medida que no sean resueltos me temo que desaprovecharemos una enorme oportunidad para encarar un proceso de modernización que los supere y permita contar con una institución capaz de enfrentar los desafíos que representa a las policías una sociedad chilena como la actual. Me parece que el gran desafío que tenemos como país es hacer de Carabineros una institución más democrática, profesional, efectiva y moderna. 

Algunos elementos a considerar para el diagnóstico

Como señalaba, los problemas que enfrenta Carabineros van mucho más allá de las deficiencias detectadas a partir del “Pacogate”, sino que se vinculan a cuestiones más profundas asociadas a su capacidad para cumplir algunas de sus funciones centrales, así como también de adecuación de su diseño institucional a la realidad actual. 

Revisemos esto con algunos ejemplos. Según la Ley Orgánica de Carabineros (Ley N° 18.961 de 1990) es misión esencial de la institución su desarrollo como policía preventiva y colaborar con la investigación de delitos. Desde hace mucho tiempo diversos indicadores muestran algunos problemas de la institución para cumplir satisfactoriamente tales roles. Por ejemplo, evaluaciones realizadas a uno de los principales programas desarrollados en materia de su función preventiva, el Plan Cuadrante, dan cuenta de que sus resultados son mucho más modestos y con menos impacto que el esperable e, incluso, con problemas relevantes en su gestión. Por otra parte, en materia de su rol investigativo, una evaluación realizada sobre la calidad y aporte de los informes policiales (centrado en órdenes de investigar que diligencian las policías) también arrojó deficiencias importantes en actividades investigativas básicas como tomas de declaraciones, empadronamiento de testigos y aporte de elementos útiles a la investigación (Ministerio Público, 2014). En esta misma dirección, la Comisión Asesora Presidencial (creada durante el gobierno de Sebastián Piñera) para elaborar propuestas de perfeccionamiento al sistema de justicia penal, establecida en 2012, identificó problemas relevantes de coordinación del trabajo policial con el resto del sistema, como también deficiencias serias en el trabajo investigativo de funcionarios de Carabineros, recomendando el desarrollo de programas de capacitación específicos sobre la materia (Informe de la Comisión Asesora Presidencial para el Perfeccionamiento del Sistema de Justicia Penal, diciembre 2012). En fin, mi propia investigación empírica en el área de procedimientos de reconocimiento ocular muestra desconocimiento relevante de los funcionarios de Carabineros de los protocolos existentes en la materia y prácticas muy poco rigurosas en su ejecución que deterioran la calidad de las investigaciones criminales (Duce, 2017). No puedo detenerme en este punto con el detalle que merece, pero menciono que también hay evidencia de que el uso excesivo de fuerza y los abusos policiales se han incrementado en los últimos años, particularmente respecto a sectores más vulnerables de la población (Amnistía Internacional, 2016 e Instituto de Derechos Humanos, 2012). 

Junto con lo anterior, hay otros indicadores sobre su configuración institucional que también muestran problemas. Me parece que uno de los centrales es la concepción de autonomía que la propia institución tiene de sí misma, entendida como una forma de limitar e impedir el control a su gestión en distintos ámbitos. Esta forma de concebir la autonomía se asemeja más a una noción de autismo institucional que otra cosa, es decir, a la idea de que no existen deberes de rendición de cuentas fuertes y que los controles externos son una molestia. El caso “Pacogate” ha dado cuenta de que desde el punto de vista de la gestión y control financiero había problemas graves. Esto incluso llevó a que tres subsecretarios de Interior, de gobiernos y partidos políticos diferentes (Jorge Burgos, Felipe Harboe y Rodrigo Ubilla) coincidieran en que Carabineros contaba con niveles muy altos de autonomía en la gestión de sus recursos, lo que dificultaba seriamente el control que en su cargo les correspondía hacer a la institución (El Mercurio, 26 de marzo de 2017). Esa excesiva autonomía, y en su contracara poca posibilidad de control, ha traspasado los límites puramente financieros. Por ejemplo, le he escuchado a varios especialistas y autoridades —de diverso signo político y en distintas épocas— que les era muy difícil incluso acceder a información básica sobre distribución de recursos y personal específico de Carabineros para desarrollar control adecuado a su función y orientar el desarrollo de políticas públicas en la materia. Un ejemplo personal puede graficar esto: en junio de 2016 solicité a la institución por vía de transparencia información sobre el número de peritos que disponía y sus especialidades para efectos de una investigación académica que realizaba sobre uso de la prueba pericial en Chile (financiada por el propio Estado a través de un proyecto Fondecyt). La respuesta de Carabineros, en agosto del mismo año, fue que dicha información era reservada ya que su publicidad podría afectar el cumplimiento adecuado de sus funciones, los derechos de las personas y la seguridad nacional. En forma paralela, la Policía de Investigaciones me envió la misma información sin problemas. 

La respuesta paradójica de las políticas públicas prevalentes a la fecha

En el escenario descrito es sorprendente que las principales políticas públicas y propuestas presidenciales presentadas en los últimos años en Chile no se hayan hecho cargo de estos problemas y, más bien, su foco haya sido incrementar poderes y recursos de la institución sin establecer sistemas de control en serio. En alguna medida se ha tratado de una agenda que solo ha considerado el punto de vista que la propia institución ha presentado, sin una mirada crítica. Esto ha llevado a que las políticas públicas más relevantes implementadas en el sector hayan sido los aumentos de presupuesto, de dotación y la propuesta de reformas legales de reforzamiento de sus facultades. 

En materia presupuestaria, por ejemplo, entre 2006 y 2016 se produjo un crecimiento cercano al 60% del presupuesto asignado. En relación a la dotación, esta se incrementó desde 2005 a la fecha en más de 55% (de 42.874 a 66.603 funcionarios, según datos proporcionados por el director general de Carabineros ante la “Comisión Especial Investigadora de las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile y en relación a las actuaciones de los distintos organismos públicos en la materia” de la Cámara de Diputados). 

El impacto de esto no ha sido menor. Por ejemplo, en la actualidad la principal proporción del gasto público que se invierte en materia de delincuencia está asignado a las policías (49,1% del total) y dentro de ellas a Carabineros (38%), todo esto en un contexto de aumento significativo del mismo entre 2013 y 2015 (9,2%) (Libertad y Desarrollo, 2016). 

Finalmente, en los últimos años se han dictado diversas leyes que han aumentado de manera significativa los poderes policiales para controlar la identidad de personas, detenerlas en flagrancia, registrarlas a ellas, sus ropas, equipajes y domicilios, las facultades autónomas de investigación, entre otras (los mejores ejemplos son las agendas cortas de 2008 y 2016: leyes n° 20.253 y n° 20.931). Esas mismas reformas han disminuido las posibilidades de control judicial al trabajo policial, por ejemplo, limitando los efectos de que una detención sea declarada ilegal. 

A pesar de todos estos cambios, el discurso prevalente de Carabineros ante la opinión pública, que además ha sido adoptado irreflexivamente por distintas autoridades en los últimos años, es que cuentan con pocos recursos y el sistema legal los tiene atados de manos por las escasas facultades legales y el excesivo control judicial. 

Me parece evidente que ese diagnóstico no se corresponde con la situación actual. Por ejemplo, las tasas de policías por cada 100.000 habitantes parecieran estar cercanas a los promedios de países con igual o superior desarrollo que Chile. Así, de acuerdo a datos de la CAF, en 2011 Chile contaba con más de 230 policías por cada 100.000 habitantes, en tanto que EE.UU. y Canadá tenían 223 y 202, respectivamente. Esta cifra, en todo caso, se ha incrementado de manera significativa en los últimos años acercándonos al promedio mundial de 300 policías por cada 100.000 habitantes estimado por Naciones Unidas para 2006

Desde el punto de vista de sus facultades legales, hemos llegado a una situación en que es posible afirmar que las policías tienen más poderes que durante la vigencia del sistema inquisitivo. Por ejemplo, de acuerdo a cifras del Poder Judicial, en el período comprendido entre 2010 y 2016 solo un 0,8% de las detenciones habría sido declarada ilegal, es decir, las que fueron sometidas a un escrutinio crítico negativo del trabajo policial fue una porción ínfima del total. Este dato no cuenta además el más de un millón de controles de identidad anuales que no generan detención judicial y que, por lo mismo, no son objeto de control judicial posterior. 

Quiero aclarar el punto. Los datos que he proporcionado no significan que no sea necesario seguir haciendo mejoras a nivel de recursos, número de funcionarios o facultades legales. El tema es que no se trata de la única dimensión que debe alimentar la reflexión y políticas públicas en materia policial, especialmente en un escenario donde ya se ha avanzado sustantivamente. 

Algunos aspectos a considerar para una modernización profunda

En el escenario descrito es que me parece tenemos una oportunidad para iniciar un diálogo que permita enfrentar como política de Estado una reflexión sobre nuestras policías y especialmente Carabineros. La institución cumple una función clave para el Estado de Derecho y, por lo mismo, su legitimidad ante la ciudadanía es un valor que debemos cuidar como país. La forma de mantener e incrementar esa legitimidad pasa por iniciar un proceso de modernización más profundo que el que actualmente se ha discutido. 

Para iniciar este proceso es indispensable contar con más y mejor información que la que hoy tenemos acerca de su funcionamiento. No es aceptable que para llevar adelante un proceso de este tipo se esgriman razones de seguridad o de otra naturaleza para impedir el acceso a información que resulta clave para el diseño de políticas públicas. 

Resuelto el problema anterior, y en estrecha vinculación al mismo, me parece que una de las claves en este proceso de modernización pasa por establecer mecanismos más específicos de rendición de cuentas y mayor control del poder civil de Carabineros. Esto supone también establecer reglas que impongan mayores deberes de apertura institucional y transparencia que los actuales, no solo en materia financiera, sino también operativa. 

Una segunda clave pasa por avanzar a una mayor profesionalización. En esta dirección me parece habría que tener una nueva mirada acerca de la estructura de la institución (¿conviene o hace sentido mantener dos estamentos o escalafones tan diferenciados? ¿Es necesario que siga siendo un cuerpo tan militarizado?), revisar los sistemas de ingreso, capacitación, promoción, remuneraciones, etc. 

Una tercera clave pasa por definir con mayor precisión sus facultades y funciones en contextos donde otras instituciones cumplen roles equivalentes o complementarios. En esta área un tema central es que habría que tener una mirada de cómo compatibilizar mejor los roles entre ambas policías existentes. Además, debiera hacerse un diseño más sofisticado de coordinación entre Carabineros y otras agencias estatales como el Ministerio Público. Finalmente, habría que preguntarse si hay funciones que debieran mantenerse a futuro o que conviene más bien que sean asumidas por otras instituciones de mayor especialidad. Por ejemplo, habría que examinar si vale la pena que ambas policías mantengan laboratorios de investigación científica (el Labocar en caso de Carabineros) y si no convendría más bien instalar esa función en un sistema de laboratorios del Estado, independientes de la función policial, como es la tendencia y recomendación a nivel comparado. 

Otra clave pasa por buscar formas efectivas y eficaces de descentralización del trabajo policial, promoviendo el desarrollo de iniciativas locales adecuadas a la diversidad de experiencias y realidades del país y en plena coordinación con las instituciones y autoridades a ese nivel. 

En fin, no puedo abordar todos los temas relevantes en una columna de esta naturaleza. Creo que examinar la experiencia comparada acerca de cómo han evolucionado instituciones similares podría arrojar muchas luces para nuestro debate. También pienso que esta conversación debiera ser muy abierta y participativa, incluyendo perspectivas de la sociedad civil y las propias organizaciones policiales. Como el lector puede apreciar, se trata de una discusión bastante amplia y que requiere estar abierto a cuestionar las premisas sobre las cuales se ha trabajado hasta el momento. Creo que como sociedad nos merecemos iniciar esta conversación, que ojalá npermita consensuar una agenda modernizadora completa que facilite un proceso de cambio sustantivo de la actual organización de Carabineros. Un supuesto básico indispensable para avanzar en una agenda de este tipo es contar con voluntad y decisión política y, a la vez, una visión de Estado. Esperemos que el contexto actual nos persuada como sociedad de que estamos frente a un tema que lo merece.

El 22 de mayo de 2017 el Director del Programa de Reformas Procesales y Litigación fue entrevistado por radio ADN. 

A continuación se transcribe la nota publicada por el sitio web de dicho medio, pueden escuchar el audio de la entrevista en el siguiente link: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/espacio-publico-el-pacogate-es-una-oportunidad-para-pensar-una-renovacion-operativa/20170522/nota/3470126.aspx 

 

Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público, aseguró que el escándalo denominado como Pacogate es una oportunidad para plantear una renovación de la institucionalidad de Carabineros.

El abogado contó en ADN Hoy que, si bien se entiende la autonomía de la policía uniformada, es necesario reforzar los sistemas de control desde el mundo civil.

"Somos buenos para crear órganos autónomos, somos mal para el diseño de controles", dijo.

 "Tiene que haber un control civil sobre su actuación. La transferencia importante de recursos y el bajo control, es una ecuación peligrosa", agregó.

Duce destacó que el Pacogate es una oportunidad "importante"  de mirar a Carabineros con un "poco más de cuidado" e impulsar una modernización que vaya más allá de lo administrativo. “Es una oportunidad para pensar una renovación operativa”, dijo y agregó que en los últimos años el presupuesto de la policía uniformada ha aumentado en más de un 50% en distintos periodos y se han incrementado las atribuciones de los funcionarios.

"La pregunta es: ¿Qué podemos hacer para tener a una carabinero mucho más profesionalizado?"

Un apasionado intercambio en torno al proyecto de ley que regula la declaración de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal, se vivió en el coloquio sobre el tema organizado por el Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP,  cuyos protagonistas fueron  el profesor de derecho UDP, Mauricio Duce,  y el Jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia y abogado UDP,  Ignacio Castillo.

Actualmente  la iniciativa  se encuentra en segundo trámite constitucional  luego de haber sido despachado por el Senado y aprobada en general y de manera unánime por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, el pasado mes de  marzo.

El proyecto propone cambios significativos en la forma en que niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de ciertas categorías de delitos deben ser tratados en el proceso penal,  especialmente en cómo deben prestar declaración en sus diversas etapas. Sin embargo, a  juicio de los organizadores de la actividad,  “junto con satisfacer algunos valores muy significativos, como el interés superior del niño y la protección de su integridad física y psicológica, también tensiona la vigencia de algunas garantías y principios sobre los que se ha construido nuestro modelo procesal acusatorio, como por ejemplo el derecho de defensa”.

En esa perspectiva el académico UDP realizó un análisis crítico del mismo, al  que describió como bien intencionado, “pero muy problemático en la forma de articular soluciones y que incluso desconoce respuestas que el legislador ya ha ofrecido en forma reciente”.  A su juicio,  algunas normas aprobadas en la denominada agenda corta anti delincuencia “bastarían para generar una práctica virtuosa que asegure los derechos en juego” (evitar la victimización secundaria de un grupo vulnerable como los NNA, y el derecho al debido proceso y a la defensa).

Los cuestionamientos apuntaron principalmente a la regulación de la declaración judicial, a la homologación de los NNA testigos con las víctimas, y a la ausencia de distinción respecto de los adolescentes. De acuerdo al proyecto, los NNA no deberán declarar nunca en la sala de audiencia en la que se realice el juicio, sino en una especialmente acondicionada en la que sólo estarán presentes el menor de edad y un entrevistador especializado. Dicha declaración será tomada bajo la dirección y del juez, quien recibirá las preguntas de los intervinientes  y  las transmitirá al entrevistador, el cual será el encargado de plantear las preguntas en un lenguaje y modo adecuados a la edad, madurez y condición especial del declarante.

“Esta regla es tan fuerte que incluso la excepción que se propone no permite declarar en la sala de audiencia”, aun si el involucrado decidiera libre y espontáneamente hacerlo, afirmó Duce. Sin embargo enfatizó, lo más grave, es que “se presenta un problema de un conflicto severo con derechos fundamentales”. No se considera que detrás de la regla general de declaración de víctimas y testigos del Código Procesal Penal  hay también derechos fundamentales comprometidos que deben ser ponderados, explicó, como el derecho de confrontación en dos dimensiones básicas: el denominado face to face o el derecho a que testigos adversos declaren en presencia física del acusado y el derecho a contra examinar. En ese sentido, subrayó, “Hay buenas razones para sostener que la interpretación que se hace en los EE.UU de esta garantía debiera ser la que impere en Chile”, concluyó.

La postura contraria representó el abogado Ignacio Castillo, quien señaló que en términos de derecho comparado, el proyecto se acerca más bien al modelo sudafricano. En su férrea defensa del mismo, señaló que la entrevista investigativa es una herramienta de la investigación y no de la defensa. La haría un sujeto externo especialmente capacitado para ello (incluso el Ministerio de Justicia llevaría un registro de ellos). El entrevistador sería el mismo en estar presente en la sala contigua durante la audiencia judicial, para recibir las preguntas y las traducirlas a un leguaje comprensible para el niño. En ese sentido “es  un co ayudante de los intervinientes”, precisó, tanto de la parte acusatoria como defensiva.

Por otro lado, indicó, es importante que el niño o niña inicie su proceso de reparación a la brevedad posible por lo que “la gracia que tiene la prueba anticipada es que el niño se libere y pueda comenzar su proceso de reparación”.

El objetivo central de la iniciativa es evitar la “victimización secundaria” de los NNA, enfatizó, respetando la preferencia por la autonomía progresiva de éstos, pero nunca llegando a un cara a cara o face to face. En su opinión, la experiencia empírica y comparada demuestra dicho modelo no facilita la búsqueda de la verdad en este tipo de casos.

Más de 40 personas asistieron al coloquio – un lleno inhabitual en este tipo de actividades –  lo que demuestra interés que despierta el tema en la comunidad legal.

Lunes, 24 Abril 2017 08:46

Decisión inconveniente

LA DECISIÓN del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no querellarse en un conjunto de casos en los que se investigaban infracciones que podrían haber sido constitutivas de delitos tributarios, constituye un ejercicio inconveniente e inadecuado de la discrecionalidad que la ley le entrega.

Debo aclarar que se trata de una decisión perfectamente legal, ya que el artículo 162 del Código Tributario le confiere esa facultad, la que produce el efecto de impedir al Ministerio Público llevar adelante en forma autónoma la persecución penal de dichas infracciones.

Se trata de una regla de larga data y que tiene por fundamento entregar una herramienta al SII para potenciar su función fiscalizadora.

De esta forma, el legislador ha privilegiado el interés recaudatorio del Estado por sobre otros valores que pudieran afectarse en esos casos, correspondiéndole al SII decidir discrecionalmente su uso. 
Sin perjuicio que se trata de una facultad discutible, estimo que el principal problema que se presenta en el marco legal actual es la manera en que ha sido ejercida.

El SII ha desarrollado lo que denomina “criterios históricos” para decidir cuándo querellarse y transformar sus investigaciones en casos penales o dejarlos simplemente como infracciones administrativas. Ellos incluyen la gravedad de las irregularidades detectadas, la reiteración en la comisión de delitos, el efecto disuasivo que puede tener en los contribuyentes, el perjuicio fiscal y la calidad de la prueba disponible, entre otros.

Como se puede apreciar a simple vista, se trata de criterios bastante generales y que pueden combinarse de forma múltiple.
Por lo mismo, si no son utilizados con cuidado permiten justificar prácticamente cualquier decisión.
De hecho, con los mismos criterios se presentaron querellas en casos similares, lo que ha generado dudas y especulaciones de todo tipo acerca de las razones de fondo detrás de la decisión actual.

Esto, por sí solo, representa un problema grave en un contexto en donde como país enfrentamos una crisis de desconfianza en las instituciones. Ello impone a la autoridad tomar decisiones tan delicadas y en las que hay una enorme expectativa pública con razones muy precisas y fundadas. Contrario a esto, la decisión del SII ha sido aparentemente adoptada sin dar razones muy específicas y a un grupo importante de casos.
En mi opinión, un ejercicio adecuado de sus facultades discrecionales obligaría al SII a justificar caso a caso su decisión, invocando razones específicas, que podrían apoyarse en criterios generales, pero que deben ser concretas para cada uno.

A futuro, también se debiera establecer algún sistema de control externo, por ejemplo, tal como los que tiene el Ministerio Público cuando ejerce facultades equivalentes.
Además, el SII debiera ser muy cuidadoso en su ejercicio cuando estas infracciones tributarias están asociadas a la investigación de delitos comunes en contra de la probidad como ha ocurrido en varios de estos casos.

Nuestra legislación penal vigente sanciona a estos delitos con penas bajas en relación a su gravedad e impacto social. 
Por lo mismo, la forma de asegurar una pena razonablemente proporcionada es sumar a estas figuras contra la probidad los potenciales delitos tributarios cometidos. 
Por ello, el SII debiera ser especialmente deferente con el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de querellarse en esos casos, en donde es claro que hay intereses en juego superiores al de recaudación.

Si bien las decisiones del SII no afectan la persecución penal de los delitos contra la probidad, claramente la debilitan y abren ventanas de impunidad.

El desarrollo de una doctrina jurisprudencial fuerte en estos temas es una cuestión compleja que seguramente tomará mucho tiempo más para asentar criterios razonables y equilibrados. Hay que celebrar que la Corte haya emprendido esta enorme tarea con mucha fuerza este año 2014 y esperar que a futuro tanto la doctrina como la propia jurisprudencia depuren estas líneas iniciales de desarrollo..."

Lunes, 09 Septiembre 2013 01:20

Errores de la justicia penal

Errores de la justicia penal

En Chile también estamos expuestos a condenas judiciales erróneas. Se advierten serios problemas en el reconocimiento de imputados, y defectos en el uso de la prueba pericial.

 

LA EXPERIENCIA en el ámbito comparado muestra que todos los sistemas de justicia penal están expuestos a cometer errores y que éstos son más frecuentes de lo que se espera. El caso paradigmático se da cuando se condena a un inocente. Estos errores suelen consumarse a través de una decisión judicial, pero normalmente involucran una cadena de actos desarrollados por los distintos actores del sistema, incluyendo el trabajo policial, de los fiscales y de las defensas.

  

La literatura comparada se ha preocupado de estudiar este fenómeno. Así, se han identificado seis factores que incidirían en la producción de errores: (1) problemas con la identificación ocular de imputados, que es mucho menos confiable de lo que se cree; (2) uso de prueba pericial de baja calidad o confiabilidad que lleva a formarse convicción errada de la culpabilidad de un inocente;  (3) uso de confesiones falsas obtenidas por medio de malos procedimientos policiales; (4) uso de testigos mentirosos o poco confiables que el sistema no es capaz de detectar; (5) mal trabajo de las agencias de persecución penal que lleva a enfocarse en un sospechoso y descartar evidencia que incriminaría a otros, o que mostraría la inocencia del imputado; (6) inadecuada representación legal de los imputados que, por desconocimiento de la ley o incumplimiento de deberes profesionales básicos, impide defenderse ante los tribunales en forma seria. Si bien se trata de factores que pueden ser analizados separadamente, es bastante común que varios de ellos concurran al mismo tiempo. 

 

No obstante la gravedad e importancia del tema, éste ha sido objeto de preocupación marginal en nuestro país. En Chile no existen investigaciones que de manera sistemática nos arrojen información acerca de condenas erróneas y sus causas. Con todo, no significa que no estemos expuestos al problema. Es así como existe diversa evidencia referida a casos particulares en los que se han producido condenas erróneas, que muestran que estamos ante un problema que requeriría algo más de preocupación. También existe evidencia empírica que indica que varias de las prácticas descritas en el ámbito comparado se darían con bastante habitualidad en el funcionamiento cotidiano de nuestra justicia penal. Por ejemplo, hay serios problemas en los procedimientos de reconocimientos de los imputados y graves defectos en el uso de la prueba pericial, entre otras. Se suma a ello el valioso trabajo emprendido por la Defensoría Penal Pública de identificar casos de personas que han estado privadas de libertad por tiempos relevantes  en los procesos -en muchos casos más de un año- y luego han sido absueltas. Ese número ha crecido un 103% entre los años 2008 y 2012. Más recientemente, la Defensoría ha dado a conocer el Proyecto Inocentes, destinado a identificar casos de errores del sistema. En él se han identificado 29 casos en los que se documenta la presencia de los problemas descritos previamente y que acreditan que estamos frente a un tema relevante.

 

Todo apunta a que en Chile el problema existe. Afortunadamente estamos a tiempo para adoptar medidas destinadas  a prevenir y evitar una situación más grave. Ello supone tomar conciencia del mismo y tener disposición a cambiar prácticas que generan casos problemáticos.

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