Alejandra Mera

Alejandra Mera

Licenciada en Ciencias Jurídicas Y Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Justicia Criminal y Derechos Humanos, Universidad de Queen’s, Belfast, Irlanda. Estudios de doctorado en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Luego de conocerse la información sobre muertes, explotación, tortura y otras gravísimas violaciones a los derechos humanos de niños y niñas en nuestro país, nadie desconoce la gravedad del problema, el que se ha etiquetado como “la crisis del Sename”. Sin embargo, es discutible que la situación de vulneración de derechos de los niños y niñas en Chile obedezca a una “crisis”, como también que ésta sea sólo del Sename. Así, una crisis involucra un cambio considerable para empeorar el desarrollo de un proceso. Lo que ocurre en este caso, sin embargo, es una situación sostenida de vulneración de derechos fundamentales. Los problemas del Sename no parten con la noticia del lamentable fallecimiento de más de mil niños a su cargo, sino con una institucionalidad que por décadas no ha sido diseñada, financiada ni supervisada para cumplir con la labor de cuidado de esos niños y niñas.

Por esta razón, no es ninguna sorpresa que tras casi un año y medio desde el lamentable fallecimiento de Lissette Villa, los funcionarios del Centro Galvarino – lugar de fallecimiento de la niña – se encuentren en una toma porque el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de reforzar la infraestructura de las dependencias y la contratación de mayor dotación de profesionales. Tampoco lo es la existencia de más de cien sumarios abiertos contra funcionarios del Semane por maltrato a niños y niñas.

Más allá de la discusión sobre la legitimidad de las demandas específicas de estos funcionarios, por una parte, los peligros a los que se ven expuestos los niños y niñas que viven en el recinto debido a esta situación, por la otra, o la demora (más o menos justificada) en resolver los sumarios pendientes, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Chile no cuenta con una institucionalidad que se haya tomado en serio su labor de protección de los niños y niñas más vulnerables y los expone persistentemente a ser víctimas de abuso y maltrato. No hay, por tanto, un cambio reciente en el empeoramiento de la situación. Lo que cambió es que la ciudadanía pudo acceder a la información sobre la gravedad de los hechos.

Pero tampoco, cuando hablamos de la situación de niños y niñas en Chile, se trata sólo de un problema que pueda ser radicado en el Sename.  Desde la ratificación de la Convención sobre los derechos del niño, el país mantiene una deuda pendiente al no haber implementado un sistema de protección integral de la infancia. Aquí tampoco podemos hablar de una crisis, sino de una postergación larga e inexcusable de una política pública urgente. Por ello, aunque no hubiera ninguna muerte que lamentar, Chile seguiría en deuda con sus niños y niñas  al no contar, sólo a modo de ejemplo, con un procedimiento que les asegure el derecho a la defensa, una ley de adopción eficiente, una estructura de servicios que limiten la institucionalización, un sistema de responsabilidad penal adolescente debidamente especializado, etc.  Sólo resta confiar en que por la gravedad de los hechos que se encuentran hoy en conocimiento público, se adopten definitivamente las medidas necesarias para reparar el daño causado y asegurar que los niños y niñas, especialmente los más vulnerables, puedan contar con un estado que lejos de vulnerar sus derechos, los proteja y promueva.

(*) Contenido originalmente publicado en la sección "voces" de La Tercera.

Viernes, 19 Mayo 2017 09:53

Voto de convictos

Señor director:

Luego que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerara que Reino Unido violaba los derechos humanos al contemplar una prohibición general de voto a los convictos, el primer ministro de la época señaló que le daba náuseas la posibilidad de permitir que alguien que estaba en la cárcel votara, y desafió constantemente el fallo de la Corte.

La reacción de David Cameron, aunque exagerada, no se aleja de nuestra realidad. Hasta meses atrás, los tribunales chilenos se oponían a la posibilidad de que las personas privadas de libertad votaran, invocando diversas normas jurídicas y técnicas. Este año, sin embargo, la Corte Suprema ha revertido correctamente esta tendencia, señalando que el Servicio Electoral y Gendarmería, al negarse a facilitar el voto, cometen un acto ilegal, violatorio de la legislación interna e internacional que consagra, por ejemplo, el derecho a voto a todos los ciudadanos y a participar en todas las actividades de la vida nacional.

Quedan al menos dos cuestiones pendientes. Primero, que el Servicio Electoral y Gendarmería tomen las medidas para que desde las próximas elecciones se materialice la decisión de la Corte. En segundo lugar, es necesario desafiar la idea de que las personas que han cometido delitos dejan de ser ciudadanos, partícipes de la vida pública. La pena en una sociedad democrática tiene límites, entre los cuales debería contemplarse el respeto a  la condición de ciudadanos de quienes son investigados y sancionados.

Originalmente publicada en Diario La Tercera.