Claudio Fuentes

Claudio Fuentes

Abogado (2007) y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales (2010).  Master of the Science of Law,  Stanford University (2014).  Actualmente es el coordinador del Programa de Reformas Procesales y Litigación. 

Es autor de diversos artículos dogmáticos y empíricos respecto de la Reforma Procesal Penal, la Reforma a los Tribunales de Familia, Debido Proceso y Derecho Probatorio.  Asimismo, posee experiencia en docencia nacional e internacional en Destrezas de Litigación en Juicios Orales.   Previo a su llegada a la Facultad de Derecho se desempeño durantes los años 2006 al 2009 como Asistente de Capacitación e Investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.  Actualmente cursa el programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford (J.S.D. Candidate), USA.

Sitio web Academia.edu https://udp.academia.edu/CFuentes

Desde que asumió el nuevo gobierno, el ministro de Justicia ha señalado que la reforma a la justicia civil será una de aquellas iniciativas legislativas que se reactivarán durante su mandato. En diversos medios de prensa autoridades públicas, académicos y abogados se han referido a este tema.

En este nuevo escenario que se abre parece relevante reflexionar sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en 2014 y reexaminarlo desde una doble perspectiva. Por una parte, su contenido, y, por otra, el proceso político que toda reforma lleva consigo. 

En relación al contenido, habría que revisar la consistencia entre el Mensaje Presidencial con que se despachó el proyecto —donde se abogaba por la inclusión de mecanismos alternativos solución de controversias (ADR)— y la escasez normativa del texto en esta materia. Una nueva discusión constituye una valiosa oportunidad para repensar como integrar los ADR en el marco de la justicia civil y la manera en que estos pueden dialogar con el proceso judicial, de modo de avanzar hacia un sistema amplio y flexible que contemple varios mecanismos con varios puntos de entrada y salida, es decir, un sistema no lineal. 

En materia probatoria, valdría la pena repensar dos instituciones que —por razones distintas— hoy no se encuentran en el texto aprobado. Una de ellas es la figura de las cargas probatorias dinámicas, muy criticada tanto por la técnica legislativa empleada como por las consecuencias que su aplicación podría generar en el tráfico jurídico, lo que probablemente generó que fuera retirada durante la discusión parlamentaria. Ya que se reabre el debate, ¿tendría sentido volver a discutir sobre la idea de legislar en esta materia? Una segunda institución probatoria que no fue incluida en el proyecto original —pero que merece ser analizada— es la noción de estándar de prueba que obliga determinar cuánto margen de error es aceptable en asuntos civiles. La necesidad de definir un estándar de prueba ha sido propuesta por la doctrina y su definición debería ser acometida en el futuro. 

Parece igualmente necesario sofisticar la discusión acerca de la oralidad y la escrituración, presentadas como principios contrapuestos, y utilizar una terminología más compleja, esto es, la noción de audiencia como mecanismo particular de toma de decisión. Lo que debiera debatirse es qué tipo de fases, etapas o cuestiones es necesario decidir en audiencia, cuáles otras pueden decidirse mediante presentaciones por escrito y, finalmente, aquellas en que tendría sentido dejar a la discreción del tribunal la determinación de la mejor forma de interiorizarse de los contornos de la discusión. De este debate debieran surgir definiciones y regulaciones de aquellos beneficios de la “oralidad” que el sistema está dispuesto a proteger y aquellos otros que está dispuesto a transar, de manera tal de escoger qué prácticas deben ser adoptadas por el nuevo sistema y cuáles no. Por ejemplo, en relación con el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el funcionamiento concreto de los sistemas ya reformados nos muestra una gran variedad a la hora de ponerlo en práctica. La comparación del funcionamiento de la audiencia de juicio en materia penal, laboral y familia muestra que, en aquellos juicios orales complejos, que superan una sesión, el respeto y la implementación de este principio es bien distinto en cada jurisdicción, solo existiendo audiencias realmente consecutivas en materia penal. 

Con todo, posiblemente el aspecto que más debate generará dice relación con el vínculo entre el sistema por audiencias que se contempla en primera instancia y las posibilidades de revisión de lo obrado por un tribunal superior. Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico conviven sistemas de revisión restringida —como es el caso del recurso de nulidad penal y laboral— con un sistema amplio, como sucede en materia de familia con el recurso de apelación. A esto se agrega que, en la práctica, en casos penales la revisión realizada por algunos tribunales superiores alcanza también de alguna forma a los hechos y la prueba. La crítica sostenida por algunos sectores de la doctrina nacional reclamando un discutible derecho humano al recurso, junto a una cierta desconfianza en la labor de los jueces de primera instancia, llevará sin duda a que este sea un tema no pacífico y que requerirá de un amplio debate. 

Por otra parte, vale la pena preguntarse qué haremos con la ejecución civil. La propuesta legislativa presentada al Congreso Nacional en 2012 contemplaba un drástico cambio del sistema a través de la creación de la figura del oficial de ejecución y de nuevos procesos ejecutivos. Durante la tramitación parlamentaria, el capítulo que regulaba esta materia fue retirado por el Ejecutivo, lo que significa que el proyecto aprobado no contiene regulación alguna sobre el particular. La tentación de no hacer nada es grande, porque se trata de un tema extremadamente complejo, que toca intereses de muchos incumbentes y que implica, además, un alto costo para hacer una reforma efectiva desde un punto de vista orgánico. Una reforma a la tutela ejecutiva del crédito no solo supone modificar procedimientos, sino también hacerse cargo de los derechos que están en juego —tanto los del acreedor como los del deudor— y avanzar hacia un sistema balanceado que permita una ejecución eficiente, justa y a costos asequibles para las partes y el Estado. 

Finalmente, dentro de este proceso de repensar la reforma debiera contemplarse un espacio para nuevas ideas. Pensamos, por ejemplo, en la incorporación de procedimientos flexibles, desformalizados y de bajo costo, con un uso intensivo de la tecnología como fuente de asistencia e información para litigantes inexpertos en aquellas causas de carácter cotidiano y de baja complejidad. Sin la pesada carga que hoy representa la ejecución para el sistema de justicia en términos de volumen de ingreso (aunque no necesariamente del trabajo de nuestros jueces civiles), la incorporación de un procedimiento como el descrito haría que este tipo de asuntos pasen a constituir una posición de relevancia dentro la actividad de nuestros tribunales y no una proporción ínfima, como ocurre en la actualidad. La evidencia disponible a nivel comparado da cuenta de experiencias en ese sentido. Luego, hay varias razones que llevan a pensar que la mejor fórmula es que estos tribunales sean parte de la estructura del Poder Judicial, pero las más relevante es que ello permitiría acercar la justicia formal a las personas y con ello incidir en los niveles de confianza ciudadana. A mayor abundamiento, ello permitiría reducir costos al integrarse a un proceso de diseño e implementación orgánica y de infraestructura que seguramente deberá hacerse para llevar adelante la reforma a la justicia civil para encontrarse acorde al modelo de oficina judicial implementado en nuestro país durante las últimas décadas. 

Ahora bien, tan importante como un reexamen del contenido del proyecto es el reexamen de su proceso político, esto es, la concepción y objetivos de la reforma y su posterior tramitación legislativa. Desde esta perspectiva, y si se compara el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil con la experiencia de las otras áreas reformadas (penal, familia y laboral), una primera pregunta dice relación con aquellos problemas que la reforma procesal civil viene a solucionar, esto es, su justificación o, dicho en otras palabras, su relato. En el caso de la reforma procesal penal el regreso a la democracia, el respeto por los derechos humanos y la lucha contra la delincuencia fueron narrativas fundamentales para lograr consensos, permitiendo su avance legislativo. En el caso de los tribunales de familia, compromisos internacionales vinculados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su vinculación con la ley del divorcio en Chile, fueron un motor en su tramitación y posterior aprobación. Finalmente, en materia laboral la necesaria transparencia en dicha justicia, el incremento de su legitimidad y la protección de los derechos de los trabajadores permitieron su impulso. 

¿Cuál es la bandera de lucha de la reforma al proceso civil? ¿Por qué la necesitamos? ¿Será la modernización de la justicia un motivo suficiente? La experiencia de discusiones parlamentarias previas muestra que mientras no tengamos respuestas claras a estas preguntas y se comprenda que solo invocar conceptos generales como “debido proceso” o “acceso a la justicia” sin complejizarlos y dotarlos de un contenido específico para esta área del derecho, no será posible generar aquellos consensos necesarios en el mundo político, académico, profesional y social que faciliten su avance legislativo. Como se puede ver, si el Ministerio de Justicia quiere resucitar el proyecto de reforma al proceso civil sería necesario reevaluar la experiencia previa de tramitación parlamentaria, tanto en su contenido como en la estrategia política para facilitar su aprobación legislativa. Además, parece indispensable dar curso a los estudios que sean necesarios para sustentar jurídica y económicamente dicha propuesta, especialmente en materia orgánica.

El próximo martes 7 de noviembre, en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, se llevará a cabo este importante seminario internacional, en el cual expondrá el Profesor Richard Leo, uno de los expertos a nivel mundial sobre condenas erróneas. 

 

El pasado viernes 6 de octubre, en las dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, la Investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación, Macarena Vargas Pavez, defendió de manera exitosa su tesis doctoral, obteniendo la máxima calificación "SUMMA CUM LAUDE" por el tribunal doctoral conformado por los Profesores Jorge Larroucau, Andrés Bordalí, Felipe Gorigoitía y Francisco Ramos Mendez, este último catedrático de Derecho Procesal en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

La tesis de la Profesora Vargas se tituló "El derecho a la ejecución forzada: Noción e implicancias a partir de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos" y fue guiada por el Profesor Raúl Nuñez Ojeda. 

Durante el desarrollo de su presentación la Profesora Vargas fue felicitada en numerosas oportunidades por su tribunal doctoral, al haber investigado un problema, la ejecución, normalmente dejado de lado por la doctrina procesal chilena. Asimismo, fue congratulada por haber incorporado en su trabajo una perspectiva que vinculaba la doctrina procesal con otros enfoques que enriquecieron la comprensión del problema, como lo es el análisis económico del derecho y una perspectiva sociolegal. Es de mencionar, que al final su intervención el tribunal doctoral recomendó a la profesora Vargas la publicación de su trabajo. 

Por este medio todos los integrantes del Programa de Reformas Procesales y Litigación manifestamos nuestras felicitaciones y reconocimiento al gran logo de nuestra colega Macarena Vargas. 

 

 

El próximo miércoles 28 de junio se llevará acabo el coloquio organizado por la Asociación de Magistrados, Regional Santiago. En dicho coloquio participará el Director del Programa Mauricio Duce, junto con otros destacados expositores. La entrada es liberada.  

El Director del PRPL y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Mauricio Duce, expondrá en el segundo Congreso Mundial sobre razonamiento probatorio organizado por la Universitat de Girona. Duce expondrá "Prácticas probatorias y riesgo de condena de inocentes", siendo el único exponente de américa latina. El Profesor Duce expondrá junto a académicos de renombre mundial en la materia como tanto del mundo del derecho continental (Michele Taruffo, Daniel González Languier y Jordi Ferrer), como del common law(Frederick Schauer, Adrian Zuckerman y William Twinning). El Congreso se llevará a cabo los días 6 a 8 de junio de 2018. 

El coordinador del Programa de Reformas Procesales y Litigación dió una entrevista a las Las Últimas Noticias explicando el sistema estadounidense de acciones colectivas y destacando algunas de sus práctica respecto de acuerdos colectivos.  

Puede acceder a la entrevista completa a través del siguiente link:

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-05-13&PaginaId=28&bodyid=0 

"... Ocurre que en las llamadas “mediaciones colectivas” el Sernac no se comporta realmente como un mediador, en el sentido de un tercero imparcial (desinteresado) que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, sino que es parte, con sus propias pretensiones y exigencias, ya que defiende y representa a los consumidores según su mandato legal..."

 

Viernes, 05 de mayo de 2017 a las 16:39 (originalmente publicado en El Mercurio Legal)

Francisca Barrientos, Juan Ignacio Contardo y Claudio Fuentes Maureira

La prensa ha informado que el Ministerio de Economía ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Hacienda en la formulación de una serie de indicaciones al proyecto de ley conocido como “Fortalecimiento al Sernac”, las cuales serían presentadas al Senado en estos días. Ellas apuntarían a corregir cuatro grandes temas: adecuar la facultad normativa del Consejo Normativo que tendrá el Sernac; consignar un deber de fundamentación para la dictación de normativas; incorporar una consulta pública; y fijar un límite global a las multas causadas por infracciones a colectivos de consumidores.

Si bien la adecuación de estas facultades parece pertinente respecto del proyecto en actual tramitación, echamos en falta la atención de otros temas, quizás más importantes, que la definición de potestades normativas fundamentadas y consultadas y el establecimiento de límites a las multas. 

Nos referimos al adecuado diseño de los acuerdos colectivos, tanto aquellos extrajudiciales llamados “mediaciones colectivas” (que el actual proyecto pretende regular), como aquellos que se den en el contexto de un juicio colectivo. 

La particular preocupación acerca de esta materia radica en que existen buenas razones que indican que los acuerdos colectivos deberían tener un tratamiento distinto al de un acuerdo generado solo entre dos partes en una contienda judicial ordinaria. 

En primer lugar, se trata de acuerdos que suponen la disposición de los derechos de personas que no negociaron su contenido y no escogieron a quienes actuaron en su nombre. 

Asimismo, en ellos no solo se determinan los montos de compensación, sino que también el proceso de distribución de dichas sumas. Lo anterior es igualmente importante pues es necesario cumplir con una reparación o compensación adecuada y oportuna de todos los consumidores, derecho básico del consumidor (art. 3 letra e) Ley Nº 19.496). 

Y junto con ello, porque se trata de acuerdos en que los potenciales conflictos de interés que puedan surgir entre los representados (los miembros de la clase y subclases) y sus representantes son de común ocurrencia. 

De allí surge una serie de interrogantes: ¿cómo se diseñan los acuerdos colectivos?, ¿quiénes son parte?, ¿cómo se determinan los daños?, ¿debe todo tipo de acuerdo colectivo ser aprobado por un juez?, ¿bajo qué estándares concretos de aprobación?, ¿qué recaudos deben darse para compensar a los consumidores? 

Si bien algunas de estas preguntas se recogen en el proyecto de ley —de manera poco satisfactoria— otras derechamente no han sido consideradas. 

Y no hay que perder de vista que un acuerdo mal diseñado o mal ejecutado supone un fracaso para los consumidores. Ejemplos hay varios en nuestro país, como la omisión a las pymes como una subclase de beneficiarios en un caso de daños provocados por la rotura de matriz de agua; o cuando una farmacia no consideró el plazo para entregar los beneficios quedando cientos de millones de pesos sin pagar; o cuando los canales de difusión para los pagos no han sido debidamente conocidos por los consumidores y por tanto muchos de ellos no han hecho valer el beneficio que les corresponde. 

Por otra parte, el caso de la colusión del papel tissue nos muestra otro problema de relevancia. Ocurre que en las llamadas “mediaciones colectivas” el Sernac no se comporta realmente como un mediador, en el sentido de un tercero imparcial (desinteresado) que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, sino que es parte, con sus propias pretensiones y exigencias, ya que defiende y representa a los consumidores según su mandato legal. 

Esta confusión de roles puede generar algunos problemas para la participación de la sociedad civil, representada a través de las asociaciones de consumidores, que no cuentan en la actualidad con una un rol definido en el proceso de mediación colectiva y eso se critica. 

Por eso, estimamos que estas negociaciones informales (mediaciones colectivas) que lleva adelante el Servicio solo podrían producir el efecto de cosa juzgada y erga onmes (que se pretende en el proyecto de ley), siempre y cuando se asegure la presencia de un verdadero sujeto imparcial, debidamente facultado en las distintas etapas de estos procesos para controlar el cumplimiento de ciertas garantías y asegurando la participación de las asociaciones de consumidores. 

* Francisca Barrientos y Juan Ignacio Contardo son de la Fundación Fueyo, de la Universidad Diego Portales. Claudio Fuentes Maureira es docente del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma casa de estudios.

Más preguntas que respuestas en torno al acuerdo logrado entre la CMPC, el Sernac y Conadecus, se manifestaron en el Coloquio “Reflexiones acerca de las mediaciones y acuerdos colectivos a propósito del caso CMPC”, realizado en la Facultad de Derecho UDP.  Claudio Fuentes y Juan Ignacio Contardo, académicos de la misma,  expusieron  sus visiones desde las disciplinas del derecho procesal y civil, tras lo cual se abrió un  debate entre  los asistentes. Ambos coincidieron, eso sí, en que este caso es inédito en la historia de Chile debido a su amplio alcance, tanto en los montos económicos como por los millones de personas involucrados.

Para su análisis, el profesor  de derecho procesal Claudio Fuentes revisó la tramitación digital completa del mencionado acuerdo, así  como lo que se ha publicado en la prensa respecto del mismo. En su opinión, el proceso de negociación y su resultado adolece de falencias que relativizan su valor.  Algunas de contexto, dado que las mediaciones colectivas aun no se encuentran reguladas en ninguna ley (tema del que supuestamente se hace cargo el proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac), como a partir del propio texto que será sometido a tribunales para su ratificación.

El primer tema, planteó el académico, es que “no queda cuál es el rol del Sernac en este tipo de negociaciones”. Si es un simple mediador, o un representante de los intereses de los consumidores, de acuerdo a su mandato legal. “Tampoco está claro si el acta de la reunión propiamente tal es la que tiene que ser ratificada por el tribunal, o debe ser complementada”.

Ello, debido a que varios asuntos relevantes quedan en el aire, como el mecanismo de implementación del acuerdo, o el plazo que tendrán los consumidores para hacer valer el beneficio, así como los mecanismos de información que se usarán hacia los mismos. De hecho, puntualizó, “el acuerdo posterga la difusión, solo dice que se va a acordar”.

Tampoco existe claridad acerca del contenido que autoriza al juez a aprobar el acuerdo.  “¿Es su sola aprobación para las partes una garantía real?”, se preguntó.

El problema  es complejo, concluyó,  en la medida que en este caso parece tratarse de una sola clase de afectado que han sufrido el mismo perjuicio. Pero lo que se avizora en el horizonte es que estas situaciones van a aumentar y los acuerdos se irán complejizando.

Por su parte, el profesor de derecho civil e investigador de la Fundación Fernando Fueyo UDP, Juan Ignacio Contardo, indicó que puede que el acuerdo alcanzado “no coincida con el resultado del juicio que se está ventilando en sede civil”. Expuso que como el juicio del papel tissue  tiene dos demandadas y el acuerdo alcanza sólo a una, se hace necesario determinar la naturaleza civil de la mediación colectiva y del acuerdo judicial para determinar su extensión y efectos civiles y procesales respecto de los otros consumidores y respecto del co-demandado (SCA), con quien no se ha llegado a acuerdo.

El coloquio organizado por el Programa de Reformas Procesales y Litigación y la Academia de Derecho y Consumo de la Fundación Fueyo UDP despertó el interés de abogados y académicos procesalistas, civilistas, y de representantes de asociaciones de consumidores, los cuales participaron  activamente en la conversación desde su experiencia como querellantes y/o partes interesadas en estas mediaciones colectivas.