Ricardo Lillo

Ricardo Lillo

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Master of Laws (LL.M.), Specialization in Public Interest Law and Policy, University of California Los Angeles (UCLA). Doctorando (S.J.D.), Facultad de Derecho Universidad Diego Portales y University of California Los Angeles (UCLA).
Se ha desempeñado en el pasado como investigador y coordinador en proyectos de investigación sobre reforma, acceso a la justicia y gestión judicial en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), y como pasante en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington D.C., entre otras actividades. Desde Octubre de 2014 se desempeña como profesor e investigador asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en particular del Programa de Reformas Procesales y Litigación y del Departamento de Derecho Procesal de esa casa de estudios. Principales líneas de investigación: reformas a la justicia, acceso a la justicia, tribunales de pequeñas causas, uso de tecnologías en los sistemas de justicia, gestión judicial y políticas públicas. Experiencia como consultor para organismos internacionales, derecho de interés público y en el uso de metodologías empíricas de la investigación en el ámbito del derecho.

Sitio web academia.edu https://udp.academia.edu/RicardoLillo

"... Es posible observar en aquellos países donde se han implementado Tribunales de Pequeñas Causas o multipuertas exitosos que estos se ubican en tribunales ordinarios. Ello no solo permite disminuir costos de implementación, sino que se trata también de que sean los propios tribunales quienes brinden respuestas a necesidades legales insatisfechas y así combatir la imagen de que la justicia civil es solo para los ricos..."

 

Nuestro sistema de justicia civil no ofrece respuestas para los conflictos que los ciudadanos enfrentan cotidianamente en el desarrollo de sus actividades económicas, profesionales y sociales. Los chilenos comunes prestamos y contratamos servicios, adquirimos y remodelamos viviendas, oficinas y locales comerciales, compramos y vendemos productos variados, contraemos créditos y otra gran cantidad de servicios financieros. En el marco de esas actividades solemos tener conflictos y estamos acostumbrados a que más allá de un reclamo o alguna otra gestión de buena voluntad, no tenemos la opción de hacer valer nuestros derechos. Diversas son las barreras que este tipo de causas cotidianas enfrentan y que terminan por alejarlos de nuestros tribunales civiles: la falta de información, el excesivo formalismo de nuestro procedimiento civil escrito, un lenguaje demasiado técnico, el costo de honorarios profesionales y gastos procesales, el largo tiempo de duración que puede tomar un asunto entre ingreso y sentencia de término, la falta de un sistema eficaz de ejecución de los fallos, constituyen, entre otros, los factores que hacen que el sistema de justicia no sea una opción real para la gran mayoría de los ciudadanos en la resolución de sus conflictos civiles.

Para dar satisfacción a estas necesidades, el sistema judicial debe contemplar la utilización de procedimientos sencillos donde la demora y los costos monetarios sean reducidos dramáticamente. Para fomentar esta discusión, entonces, queremos avanzar en algunos aspectos que, a la luz de experiencias, tanto comparadas como de aprendizajes que hemos obtenido de proyectos nacionales (por ejemplo, las casi fenecidas UJV), parecen claves con miras a la discusión de un proyecto más concreto en la materia. 

Primero que todo, la mejor práctica es la del sistema conocido como multipuertas, que básicamente consiste en integrar, en un solo lugar, diversos mecanismos tanto para la resolución de conflictos como para satisfacer necesidades, mediante la información o derivación a otras agencias públicas. En el caso chileno, la experiencia con las Unidades de Justicia Vecinal ha demostrado que no basta con una oferta importante de “medios alternativos de solución de conflictos”; estos son muy importantes pero deben articularse en relación con la opción constituida por un proceso judicial. 

Desde el punto de vista del procedimiento judicial propiamente tal, parece conveniente establecer un sistema por audiencias donde predomine la oralidad, al menos en la etapa de prueba. La experiencia comparada muestra que en pequeñas causas es necesario un juez activo para extraer toda la información necesaria de manera informal y flexible. Con este nuevo rol del juez, la regulación de los procedimientos solo debe establecer las etapas y pasos básicos encaminados en la preparación de una sola audiencia donde se resuelva el caso. Los detalles, en cambio, son dejados a discrecionalidad del juez. 

Otras simplificaciones procesales incluyen la manera en que se presenta la demanda (por ejemplo, a través de formularios estandarizados), la renuncia o limitación de la posibilidad de apelar a la sentencia al menos para la parte demandante, así como la reducción de todos los trámites previos al juicio (excepciones dilatorias, réplicas, dúplicas, entre otros). 

Además, es necesario que este proceso judicial sencillo cuente con restricciones a la hora de qué tipo de usuarios podrán hacer uso de este. Experiencias como la de los Tribunales de Pequeñas Causas en California muestran que es necesario implementar filtros de acceso, por ejemplo, a través de tasas judiciales especiales o mediante la cantidad de demandas permitidas al año a personas jurídicas. Esto, con el objeto de resguardar que el principal usuario sea el ciudadano común y corriente y así evitar que se transformen en agencias de cobranza de las grandes empresas. 

Es posible observar en aquellos países donde se han implementado Tribunales de Pequeñas Causas o multipuertas exitosos que estos se ubican en los tribunales ordinarios. Ello no solo permite disminuir costos de implementación, sino que se trata también de que sean los propios tribunales quienes brinden respuestas a necesidades legales insatisfechas y así combatir la imagen de que la justicia civil es solo para los ricos, tan presente en encuestas de opinión ciudadana. 

Lo dicho no significa que el único responsable de su funcionamiento sea el Poder Judicial. Debe comprenderse que brindar una respuesta a estas necesidades legales insatisfechas no es solo deber de los tribunales de justicia; es muy importante que sean construidos en cooperación con el Ministerio de Justicia, no solo por el esfuerzo presupuestario que esto puede significar, sino por la necesidad de coordinación con los sistemas de mediación, arbitraje, provisión de asistencia legal y otros que dependen del gobierno. 

La experiencia norteamericana, a su vez, muestra la importancia que tiene, para un proceso judicial apropiado a las necesidades de las pequeñas causas, la posibilidad de la litigación sin abogados. Esta implica reducción de costos y complejidad, particularmente en términos de la etapa de preparación previa al juicio, y permite a los jueces actuar con un máximo de flexibilidad en la averiguación de los hechos. En nuestro país esta posibilidad se planteó en la ley a propósito de los nuevos tribunales de familia que se crearon el año 2004, experiencia que fracasó justamente ante la completa ausencia de apoyo administrativo, entrenamiento judicial y carencia de metodologías especialmente diseñadas para permitir un adecuado desempeño de las personas que comparecieron sin abogados. 

Otro elemento fundamental es el uso intenso de la tecnología a través de un portal web diseñado en lenguaje ciudadano. Tal dispositivo facilita la información, acceso y proceso de preparación para el litigante pro se. En este punto el Poder Judicial ha avanzado enormemente y así lo han reconocido organismos como el CEJA. No obstante, el camino pendiente es pasar de un diseño pensado para abogados hacia el ciudadano, mediante un verdadero portal de acceso a la justicia. 

Finalmente, y dada la envergadura de lo que significaría tomarse en serio el diseño e implementación de una justicia para causas cotidianas, creemos que este tema debe ser el componente central de la necesaria reforma a la justicia civil. El principal propósito de dicha reforma debe ser el de abrir el sistema de justicia a los ciudadanos comunes para la resolución de los conflictos que los afectan y que hoy carecen de respuestas. 

* Ricardo Lillo y Cristián Riego son profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Originalmente publicada en El Mercurio Legal.

El presupuesto 2017 del Ministerio de Justicia no contempla financiamiento para las Unidades de Justicia Vecinal. Ellas formaron parte de un proyecto piloto implementado en el año 2011 que implicó la realización de múltiples estudios, convenios con municipalidades, capacitación de profesionales y habilitación de oficinas, entre otras cosas. No obstante, a partir de este año solo se contará con recursos para mantener activa una de ellas por cuatro meses mientras se da cierre a los casos.

La decisión del Ejecutivo es lamentable, pues -con sus debilidades- se trataba de uno de los proyectos más innovadores que esta repartición ha llevado a cabo en los últimos años. Ello por tres razones. En primer lugar, porque se atrevió a implementar un modelo de justicia vecinal que iba más allá de lo estrictamente jurisdiccional incluyendo dentro de la oferta de sus servicios mediación, conciliación y arbitraje. Si bien estas unidades no contemplaban la resolución judicial de los conflictos que llegaban a su conocimiento y, presentaban algunas dificultades de coordinación con el sistema de justicia, sí ofrecían asistencia jurídica y representación de los derechos ante los tribunales de policía local, constituyéndose de este modo en una suerte de eslabón entre la justicia vecinal y la justicia formal.

En segundo lugar, porque el mecanismo de resolución de conflictos utilizado en cada caso era definido por un equipo profesional multidisciplinario luego de una entrevista personal con la parte requirente. Siguiendo el modelo norteamericano del Multi-door courthouse y, aplicando una serie de parámetros previamente definidos, este equipo profesional proponía qué fórmula podría ser la más apropiada para resolver ese conflicto en particular. Con la anuencia del interesado se daba inicio al procedimiento seleccionado.

Por último, las Unidades de Justicia Vecinal constituían tal vez el único dispositivo en nuestro país que ofrecía mecanismos de solución para aquellos asuntos que habitualmente no llegan a la justicia formal, conflictos vecinales y comunitarios, de baja cuantía y de baja complejidad en términos de tramitación y prueba. Nos referimos, por ejemplo, a los conflictos por el follaje de plantas y árboles, tenencia de mascotas, bienes comunes de uso público, copropiedad inmobiliaria, arrendamiento, incumplimiento de contratos, cobros de deudas, protección al consumidor, entre muchos otros.

En la experiencia comparada este tipo de asuntos se resuelven en lo que se conoce como “justicia de pequeñas causas”. Pero, la expresión “pequeñas causas” no quiere significar que dichos conflictos no sean importantes. Por el contrario, estos conflictos tienen un profundo impacto en la manera en que las personas se relacionan, en la convivencia entre vecinos y en la forma en que estos resuelven sus diferencias. La vida en comunidad no solo requiere contar con un marco jurídico claro sino también con mecanismos de resolución de conflictos adecuados y asequibles para los potenciales afectados. En consecuencia, el concepto de “pequeñas causas” se relaciona más bien con el tipo de causas que con la mayor o menor importancia que estas tengan para el sistema de justicia en general.

Para tomarnos en serio el desafío de superar las barreras de acceso a la justicia de las personas afectadas por este tipo de casos es necesario partir de la premisa que los procedimientos se deben adaptar al tipo de disputa que pretenden resolver y no al revés.  Hay suficiente evidencia a nivel comparado para afirmar que el diseño de mecanismos de resolución de este tipo de conflictos, para que sea verdaderamente efectivo, deben incluir procedimientos sencillos, flexibles, rápidos y de bajo costo. Su introducción en el sistema de justicia permite revalorizar el carácter público de la adjudicación civil, tan olvidada en las políticas públicas del sector justicia durante las últimas décadas.

Y esto es precisamente lo que hacían las Unidades de Justicia Vecinal. Aun cuando no se tratase de un proyecto piloto perfecto, era una valiosa oportunidad para discutir acerca de las formas de resolución de conflictos vecinales y evaluar su incorporación en la reforma a la justicia civil. Más aún si –como se ha sostenido- una de las prioridades de esta reforma es ampliar el acceso a la justicia para distintos grupos de la población, racionalizando y distribuyendo los limitados recursos con los que cuenta el sistema entre las diversas necesidades legales actualmente insatisfechas.

Lamentablemente, con esta decisión el Ministerio de Justicia se aleja de este objetivo y un interesante proyecto irá a parar un cajón lleno de buenas intenciones y de proyectos frustrados.

Macarena Vargas y Ricardo Lillo

Profesores Facultad de Derecho UDP