Cristian Riego

Cristian Riego

Abogado, titulado de la Universidad de Chile. LL.M. (Master en Derecho) en la Universidad de Wisconsin, 1997. Abogado Investigador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990 y 1991. Director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal Chileno y la ley del Ministerio Público 1994 a 2000. Profesor Titular de la Escuela de Derechos de la Universidad Diego Portales. Ha sido profesor e investigador visitante en las universidades de Yale y Columbia en los EEUU y Warwick en el Reino Unido. Es autor de varios libros y artículos en el tema del proceso penal y ha desarrollado proyectos de investigación en numerosos países de América Latina en el mismo campo.Se desempeño como Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA desde 2008 hasta 2013.

El pasado jueves 4 de mayo Cristian Riego participó en el Programa Aquí se debate de CNN Chile. En el sitio web de dicho canal se destaca:

 

"Luego de que el Poder Judicial decidiera no transmitir más los testimonios de las víctimas -a raíz de la conmoción causada por la televisación del caso de Nabila Rifo- surge la pregunta: ¿se deben transmitir los juicios orales? Para conversar sobre la publicidad dentro del proceso nos acompañan el abogado defensor en el caso Penta, Gabriel Zaliasnik, y el profesor de derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego."

Puede acceder al video de dicho programa en el canal de You Tube de CNN Chile en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=XaUv6s6-8DE

En la reciente edición impresa de la Revista El Mercurio Legal se entrevista en detalle a Cristian Riego sobre la Reforma procesal penal y su futuro. La publicación señala:

"Este profesor de la U. Diego Portales, que fue director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal chileno y la ley del Ministerio Público, analiza los problemas que hasta hoy persisten en la investigación de los delitos, incluidas las dificultades de coordinación entre las policía".

El caso de la señora Nabila Rifo ha generado un importante debate acerca de la transmisión televisiva de juicios orales. La exhibición de la declaración de la propia víctima y preguntas de los defensores acerca de su vida personal, generaron un rechazo bastante generalizado a la transmisión de los juicios y la Corte Suprema ha tomado decisiones destinadas a restringir dicha práctica por medio del canal judicial.

Me parece que es posible resumir los argumentos en contra de la transmisión de la siguiente forma: primero, la transmisión televisiva maximiza la afectación a la intimidad de víctimas y testigos que ven expuestos públicamente aspectos de su vida que cualquier persona tiene derecho a mantener en la esfera privada y que inevitablemente son objeto de discusión en los juicios; segundo, la transmisión televisiva puede afectar la imparcialidad del tribunal en cuanto a que la presión del público televidente a favor de una decisión absolutoria o condenatoria puede afectar a los jueces, quienes se verían presionados, o no, a enfrentarse a un rechazo generalizado del púbico. Y, finalmente, la transmisión televisiva afecta la calidad de las declaraciones de testigos que se enteran indebidamente del resto de la prueba pudiendo esto distorsionar su propia declaración.

Todos estos argumentos son válidos y deben ser tenidos en cuenta para resolver la cuestión, pero el problema es más complejo. Primero, porque las objeciones enumeradas no se producen en todos los casos y cuando se producen pueden ser en buena medida evitadas o mitigadas por medio mecanismos de edición de la transmisión que sean apropiados.

Pero sobre todo me parece necesario plantear también algunos aspectos favorables de la transmisión que hasta ahora no se han planteado en el debate y que no deben ser olvidados. En primer lugar, la transmisión televisiva produce un enorme efecto de control sobre los actores del sistema y el profesionalismo de su trabajo. Los sistemas de justicia penal tienen una natural tendencia a la burocratización y la ley del mínimo esfuerzo supone un riesgo permanente de degradación. En segundo lugar, la televisación favorece que el caso concreto sea abordado con mayor rigor e incentiva el profesionalismo al interior de las agencias que participan del sistema.

En tercer lugar, la transmisión televisiva de casos de alto impacto, es una de las pocas oportunidades en que el sistema judicial puede mostrar al público los mecanismos por medio de los cuales se toman las decisiones, atacando la generalizada percepción de arbitrariedad que alberga gran parte de la población y que afecta gravemente la legitimidad de las instituciones. Como cuarto argumento, se puede plantear que la televisación es una expresión amplificada del principio de publicidad que es una de las piedras angulares del estado democráctico y del debido proceso judicial. Es claro que su adopción supone desafíos importantes pero no puede ser descartada tan simplemente bajo el riesgo de hacer que la publicidad de los juicios pase a ser una expresión puramente simbólica, alejada de la realidad tecnológica en que vivimos. La idea de que la publicidad se limite a la asistencia a las salas de audiencias, limita este importante valor a una expresión mínima.

Me parece que es indispensable tener sobre este tema una discusión abierta, lo más amplia e informada posible, evitando la tentación de resolver la cuestión de manera definitiva a partir de el impacto de un solo caso por dramático que sea.

El desafío consiste en lograr lo efectos positivos de la televisación, minimizando las afectaciones que esta pueda generar, tanto al desarrollo de juicio como a la intimidad de quienes participan en él. Para lograr dicho propósito se requiere que el sistema judicial desarrolle una política respecto de este punto mucho más elaborada y profesional en las decisiones de televisación.

Por ejemplo, podría pensarse que no se transmita el juicio completo en directo sino un  resumen del mismo debidamente editado. También es probable que sea necesario acompañar la trasmisión con información complementaria, que permita al público entender el sentido de las actuaciones y también criticar el desempeño de los intervinientes. Para todas están labores probablemente se requeriría contar con un comité editorial que diera amplias garantías de un trabajo multidisciplinario, por una parte, y por la otra, de una completa independencia, tanto respecto de cualquier interés de parte como de cualquier defensa corporativa.

Señor Director:

El Ejecutivo envió un conjunto de indicaciones (más de 20) al proyecto de ley en actual tramitación que se ha conocido como "la reforma a la reforma procesal penal" (que contenía cerca de 40 modificaciones). Surgen varios temas de interés a propósito de esto.

Lo primero es que se trata de un proyecto de ley que fue presentado al Senado por el propio Ejecutivo solo hace algunos meses, con bastante bombo y platillo. En ese momento el Presidente de la República, en el mensaje del proyecto, lo describió como producto de "un completo análisis del funcionamiento del sistema", en tanto que otras autoridades lo caracterizaron como fruto de "un diagnóstico actualizado". Hoy nos enteramos de que al parecer los estudios no eran tan completos ni los diagnósticos tan actualizados, debido a que -sin que hayan ocurrido hechos nuevos, y transcurrido muy poco tiempo desde su presentación- la autoridad considera necesario producir una indicación equivalentes al 50% de las propuestas originales.

Llama la atención también el liderazgo que ha tenido el senador Espina en su elaboración y en el proceso de discusión parlamentaria proponiendo múltiples indicaciones. Esto debido a que él participó en la comisión de expertos de nueve personas que examinaron las propuestas sobre las cuales se construyó el proyecto, sin que en esa instancia, tal como relatan varios de los comisionados, tuviera una intervención activa en la que haya planteado los temas que hoy le parecen imprescindibles. Todo ello tratándose de muchas cuestiones que ya estaban puestas sobre la mesa de debate y que eran conocidas. Surgen entonces dudas: ¿acaso no se tomó en serio el trabajo de esta comisión?, o ¿tal vez no se quería discutir el mérito de este tipo de planteamientos en un espacio de trabajo de carácter técnico?

En el proyecto original, el Ejecutivo llegó a la conclusión de que una parte importante de los problemas que enfrenta la persecución penal en nuestro país en la actualidad responde a serios problemas de falta de capacitación de las policías y de coordinación entre las diversas agencias estatales en el área. Además, se estableció que esos problemas no podían seguir siendo enfrentados por vía de "subsidiar" el trabajo de las policías dotándolas de más facultades discrecionales y limitando sus controles. Todo ello parece quedar atrás con las indicaciones presentadas, como si el diagnóstico previo hecho por la propia autoridad nunca hubiera existido.

Las indicaciones también insisten en proponer reformas en materias que ya han sido objeto de diversos cambios, como por ejemplo la prisión preventiva, con pocas posibilidades de resolver problemas concretos del sistema y más bien con el serio riesgo de introducir distorsiones y fuertes tensiones con valores constitucionales. Lo anterior nos debiera llevar a reflexionar seriamente acerca de cómo se legisla en nuestro país en el área procesal penal. Lamentablemente, desde hace algún tiempo, se repite un patrón en el trabajo legislativo que tiene como consecuencia que con las reformas legales se avanza menos de lo que se espera, pero en el que se promete mucho más de lo que se puede lograr.

Mauricio Duce J.
Profesor Derecho UDP

Miércoles, 30 Julio 2014 20:20

Reforma procesal civil

El pasado domingo se publicó una columna del presidente de la Corte Suprema acerca de la reforma a la justicia civil, en la que da cuenta del punto de vista del máximo tribunal.

Me parece muy clarificador que el presidente plantee como cuestión central la de la adecuación del sistema a la solución de los problemas comunes que la mayoría de los chilenos enfrenta en su vida cotidiana. Esos problemas en gran medida no son de altas cuantías y no justifican la inversión de tiempo y recursos que nuestro actual sistema demanda.

 

Como los efectos de la  multiplicad de querellantes estatales y la validez de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y los imputados.

¿Favorece o entorpece el desarrollo de las audiencias y los procesos penales la existencia de múltiples querellantes?  ¿Debieran ser vinculantes para  las partes el juez los acuerdos alcanzados entre  la Fiscalía y los imputados? Dos interrogantes de candente actualidad que animaron el debate en el Coloquio “Algunas consecuencias procesales del caso Penta: los acuerdos entre fiscales y defensores, y los múltiples querellantes en el proceso penal”, organizado por el  Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

En la ocasión expusieron el profesor de la Facultad de Derecho UDP y experto en la Reforma Procesal Penal, Cristián Riego – quien se hizo cargo del primer tema – , y el abogado Francisco Cox, socio en Balmaceda & Cox abogados, quien, en tanto litigante, ofreció su visión sobre los acuerdos.


El profesor Riego fustigó la existencia de varios querellantes estatales simultáneamente, como se vio en el Caso PENTA, con el Ministerio Público por una parte, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado por otra,  y defendió su postura con tres argumentos.

Se vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, afirmó, que implica defenderse en una sola acusación y acusador. “En este caso fue clarísimo respecto de la prisión preventiva”, ejemplificó, “tema sobre el cual los acusadores tuvieron posiciones diferentes, lo cual hace más difícil cualquier estrategia de defensa”.

Desde del principio de igualdad, planteó el derecho de todo imputado a ser tratado en condiciones de igualdad por el Estado. “Una de las premisas básicas es ser perseguido por un mismo órgano y con cierta coherencia” señaló, haciendo ver que la existencia de distintos órganos acusadores, “con diferentes intereses y puntos de vista e intenciones”, alteran las condiciones de igualdad para enfrentar la persecución penal.

Otro problema planteado por el académico respecto de la multiplicidad de querellantes giró en torno a la eficacia del Ministerio Público, ya que “los otros querellantes pueden minar las facultades del fiscal”, señaló. Ello se reflejó nuevamente en el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado solicitara prisión preventiva en circunstancias que el fiscal se había comprometido a no hacerlo, lo cual “hace que el valor de estas ofertas disminuya dramáticamente y  que en el futuro probablemente nadie vaya a estar dispuesto a aceptar nada a cambio de una promesa incierta”, aseveró. Por otra parte, dijo, el Ministerio Público “aparece depreciado” al tener que entrar a negociar con otros estamentos públicos que administran la información que poseen y no poder acceder espontáneamente a ella, como ocurrió en este caso.


A juicio del experto, lo más grave de lo observado es que se cuestiona el principio de la racionalidad de la persecución penal pública. Recordó que esta se justifica por superar un modelo de persecución penal privada, que se ejerce por miles de “malas razones”, como el afán de venganza o de obtener un beneficio económico. En ese sentido, afirmó, la persecución penal pública impone una centralización que supuestamente “se llena de criterios de racionalismo estatal”.

“Una de las justificaciones fundamentales de que el Estado persiga es que lo haga desde una cierta racionalidad conocida, previsible y eventualmente legitimada, pero resulta que otros actores estatales se meten por el lado y cuestionan esas decisiones a partir de criterios específicos”, concluyó, y aunque se aluda a otras racionalidades estatales, fue crítico, en especial, respecto de la actuación del Consejo de Defensa del Estado. “No veo ninguna justificación para su intervención”, acotó.

En el caso de la persecución penal de los delitos tributarios, cuyo desarrollo es reciente y motiva importantes discusiones en el derecho comparado, sostuvo que en sistemas anglosajones,  “la racionalidad del cobro de impuestos que ejercen órganos semejantes al Servicio de Impuesto Internos,  es muy instrumental, pero una vez que ellos toman la decisión de dar lugar a la persecución, y entra a operar la Fiscalía, éste se excluye y ahí el Ministerio Público opera con la racionalidad propia de la persecución penal”.

Acuerdos escriturados y vinculantes

Por su parte, el abogado Francisco Cox planteó que para los delitos de alta complejidad, como los que se investigan en el caso Penta, los acuerdos entre fiscales e imputados debieran ser escriturados y vinculantes para las partes y el juez, como en el derecho civil.  “Es perfectamente aplicable la lógica de un contrato en el cual un ciudadano hace cesión de sus derechos  - como por ejemplo el derecho a  guardar silencio – justamente para que los distintos actores institucionales puedan sopesar si alguna de las partes ha infringidlo dicho acuerdo”, puntualizó.

Además, agregó, de esa forma podría evitarse el desconocimiento del acuerdo por cualquiera de las partes ante contingencias del proceso, como un cambio de fiscal.  “Nadie pierde y todos ganamos si es que el Ministerio Público y las defensas están dispuestos a suscribir estos acuerdos”, sostuvo.  Lo importante es  que si alguna de las partes llegara a incumplir el acuerdo, precisó, la prueba obtenida en virtud de este pasaría a ser ilícita. En consecuencia, enfatizó, “esa información queda vedada para el Ministerio Público, con lo cual se crean fuertes  incentivos para que todas las partes respeten los acuerdos”.

En su opinión, un acuerdo alcanzado en esas condiciones vincularía necesariamente al juez.  De lo contrario, aseveró, se genera incertidumbre y la sensación de haber realizado concesiones a cambio de nada.

El público asistente al coloquio, compuesto por  estudiantes de postgrado, profesores y miembros de la comunidad legal, siguió con atención estos planteamientos y participó activamente en la discusión, ya fuera apoyando o rebatiendo los mismos.

Martes, 06 Agosto 2013 20:00

Reconocimiento de imputados

Señor Director:

Ayer se publicó en "El Mercurio" una carta del señor Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, referida a la propuesta legislativa destinada a regular los reconocimientos que las víctimas y testigos hacen de los imputados. La carta da cuenta, en primer lugar, de que el señor Uribe no comprende o no conoce los requerimientos mínimos de un reconocimiento confiable de acuerdo con el conocimiento disponible. Existe amplia evidencia que da cuenta que si bien los reconocimientos oculares de la identidad de los imputados son una herramienta muy útil en la investigación criminal, también son una fuente de posibles errores judiciales si es que son mal manejados. De hecho en Estados Unidos los datos disponibles muestran que los reconocimientos erróneos constituyen la principal causa de errores judiciales que han conducido a condenas de personas inocentes. A pesar de que resulta contrario a nuestra intuición, personas honestas y bien intencionadas reconocen y acusan falsamente a inocentes, debido principalmente a procedimientos policiales sugestivos, que son los que el proyecto pretende evitar. Pero además, el señor Uribe se explaya sobre las dificultades para concretar el procedimiento planteado en la operación concreta del sistema. En esto tiene algo de razón. El proyecto no se hace cargo ni soluciona algunos problemas operativos que serían necesarios resolver por ley. Por ejemplo, el problema de la libertad del imputado antes del reconocimiento y la relación de este procedimiento con la detención por flagrancia. Otra parte de los problemas operativos que menciona el fiscal requerirán de coordinación y planificación operativa. Actualmente existen soluciones informáticas muy eficientes. Por ejemplo, un computador con una base de datos de fotografías, a la que se incorpora la del imputado y que las exhibe a la víctima de manera neutral, registrando al mismo tiempo la reacción de esta frente a cada fotografía, puede ser una solución de muy bajo costo y que resuelve buena parte de los problemas de confiabilidad del reconocimiento. 

El docente UDP Cristian Rigo analizó la decisión del titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra los formalizados por el caso Penta.  CNN Chile