Claudio Fuentes

Claudio Fuentes

Abogado (2007) y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales (2010).  Master of the Science of Law,  Stanford University (2014).  Actualmente es el coordinador del Programa de Reformas Procesales y Litigación. 

Es autor de diversos artículos dogmáticos y empíricos respecto de la Reforma Procesal Penal, la Reforma a los Tribunales de Familia, Debido Proceso y Derecho Probatorio.  Asimismo, posee experiencia en docencia nacional e internacional en Destrezas de Litigación en Juicios Orales.   Previo a su llegada a la Facultad de Derecho se desempeño durantes los años 2006 al 2009 como Asistente de Capacitación e Investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.  Actualmente cursa el programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford (J.S.D. Candidate), USA.

Sitio web Academia.edu https://udp.academia.edu/CFuentes

El próximo miércoles 28 de junio se llevará acabo el coloquio organizado por la Asociación de Magistrados, Regional Santiago. En dicho coloquio participará el Director del Programa Mauricio Duce, junto con otros destacados expositores. La entrada es liberada.  

El Director del PRPL y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Mauricio Duce, expondrá en el segundo Congreso Mundial sobre razonamiento probatorio organizado por la Universitat de Girona. Duce expondrá "Prácticas probatorias y riesgo de condena de inocentes", siendo el único exponente de américa latina. El Profesor Duce expondrá junto a académicos de renombre mundial en la materia como tanto del mundo del derecho continental (Michele Taruffo, Daniel González Languier y Jordi Ferrer), como del common law(Frederick Schauer, Adrian Zuckerman y William Twinning). El Congreso se llevará a cabo los días 6 a 8 de junio de 2018. 

El coordinador del Programa de Reformas Procesales y Litigación dió una entrevista a las Las Últimas Noticias explicando el sistema estadounidense de acciones colectivas y destacando algunas de sus práctica respecto de acuerdos colectivos.  

Puede acceder a la entrevista completa a través del siguiente link:

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-05-13&PaginaId=28&bodyid=0 

"... Ocurre que en las llamadas “mediaciones colectivas” el Sernac no se comporta realmente como un mediador, en el sentido de un tercero imparcial (desinteresado) que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, sino que es parte, con sus propias pretensiones y exigencias, ya que defiende y representa a los consumidores según su mandato legal..."

 

Viernes, 05 de mayo de 2017 a las 16:39 (originalmente publicado en El Mercurio Legal)

Francisca Barrientos, Juan Ignacio Contardo y Claudio Fuentes Maureira

La prensa ha informado que el Ministerio de Economía ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Hacienda en la formulación de una serie de indicaciones al proyecto de ley conocido como “Fortalecimiento al Sernac”, las cuales serían presentadas al Senado en estos días. Ellas apuntarían a corregir cuatro grandes temas: adecuar la facultad normativa del Consejo Normativo que tendrá el Sernac; consignar un deber de fundamentación para la dictación de normativas; incorporar una consulta pública; y fijar un límite global a las multas causadas por infracciones a colectivos de consumidores.

Si bien la adecuación de estas facultades parece pertinente respecto del proyecto en actual tramitación, echamos en falta la atención de otros temas, quizás más importantes, que la definición de potestades normativas fundamentadas y consultadas y el establecimiento de límites a las multas. 

Nos referimos al adecuado diseño de los acuerdos colectivos, tanto aquellos extrajudiciales llamados “mediaciones colectivas” (que el actual proyecto pretende regular), como aquellos que se den en el contexto de un juicio colectivo. 

La particular preocupación acerca de esta materia radica en que existen buenas razones que indican que los acuerdos colectivos deberían tener un tratamiento distinto al de un acuerdo generado solo entre dos partes en una contienda judicial ordinaria. 

En primer lugar, se trata de acuerdos que suponen la disposición de los derechos de personas que no negociaron su contenido y no escogieron a quienes actuaron en su nombre. 

Asimismo, en ellos no solo se determinan los montos de compensación, sino que también el proceso de distribución de dichas sumas. Lo anterior es igualmente importante pues es necesario cumplir con una reparación o compensación adecuada y oportuna de todos los consumidores, derecho básico del consumidor (art. 3 letra e) Ley Nº 19.496). 

Y junto con ello, porque se trata de acuerdos en que los potenciales conflictos de interés que puedan surgir entre los representados (los miembros de la clase y subclases) y sus representantes son de común ocurrencia. 

De allí surge una serie de interrogantes: ¿cómo se diseñan los acuerdos colectivos?, ¿quiénes son parte?, ¿cómo se determinan los daños?, ¿debe todo tipo de acuerdo colectivo ser aprobado por un juez?, ¿bajo qué estándares concretos de aprobación?, ¿qué recaudos deben darse para compensar a los consumidores? 

Si bien algunas de estas preguntas se recogen en el proyecto de ley —de manera poco satisfactoria— otras derechamente no han sido consideradas. 

Y no hay que perder de vista que un acuerdo mal diseñado o mal ejecutado supone un fracaso para los consumidores. Ejemplos hay varios en nuestro país, como la omisión a las pymes como una subclase de beneficiarios en un caso de daños provocados por la rotura de matriz de agua; o cuando una farmacia no consideró el plazo para entregar los beneficios quedando cientos de millones de pesos sin pagar; o cuando los canales de difusión para los pagos no han sido debidamente conocidos por los consumidores y por tanto muchos de ellos no han hecho valer el beneficio que les corresponde. 

Por otra parte, el caso de la colusión del papel tissue nos muestra otro problema de relevancia. Ocurre que en las llamadas “mediaciones colectivas” el Sernac no se comporta realmente como un mediador, en el sentido de un tercero imparcial (desinteresado) que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, sino que es parte, con sus propias pretensiones y exigencias, ya que defiende y representa a los consumidores según su mandato legal. 

Esta confusión de roles puede generar algunos problemas para la participación de la sociedad civil, representada a través de las asociaciones de consumidores, que no cuentan en la actualidad con una un rol definido en el proceso de mediación colectiva y eso se critica. 

Por eso, estimamos que estas negociaciones informales (mediaciones colectivas) que lleva adelante el Servicio solo podrían producir el efecto de cosa juzgada y erga onmes (que se pretende en el proyecto de ley), siempre y cuando se asegure la presencia de un verdadero sujeto imparcial, debidamente facultado en las distintas etapas de estos procesos para controlar el cumplimiento de ciertas garantías y asegurando la participación de las asociaciones de consumidores. 

* Francisca Barrientos y Juan Ignacio Contardo son de la Fundación Fueyo, de la Universidad Diego Portales. Claudio Fuentes Maureira es docente del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma casa de estudios.

Más preguntas que respuestas en torno al acuerdo logrado entre la CMPC, el Sernac y Conadecus, se manifestaron en el Coloquio “Reflexiones acerca de las mediaciones y acuerdos colectivos a propósito del caso CMPC”, realizado en la Facultad de Derecho UDP.  Claudio Fuentes y Juan Ignacio Contardo, académicos de la misma,  expusieron  sus visiones desde las disciplinas del derecho procesal y civil, tras lo cual se abrió un  debate entre  los asistentes. Ambos coincidieron, eso sí, en que este caso es inédito en la historia de Chile debido a su amplio alcance, tanto en los montos económicos como por los millones de personas involucrados.

Para su análisis, el profesor  de derecho procesal Claudio Fuentes revisó la tramitación digital completa del mencionado acuerdo, así  como lo que se ha publicado en la prensa respecto del mismo. En su opinión, el proceso de negociación y su resultado adolece de falencias que relativizan su valor.  Algunas de contexto, dado que las mediaciones colectivas aun no se encuentran reguladas en ninguna ley (tema del que supuestamente se hace cargo el proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac), como a partir del propio texto que será sometido a tribunales para su ratificación.

El primer tema, planteó el académico, es que “no queda cuál es el rol del Sernac en este tipo de negociaciones”. Si es un simple mediador, o un representante de los intereses de los consumidores, de acuerdo a su mandato legal. “Tampoco está claro si el acta de la reunión propiamente tal es la que tiene que ser ratificada por el tribunal, o debe ser complementada”.

Ello, debido a que varios asuntos relevantes quedan en el aire, como el mecanismo de implementación del acuerdo, o el plazo que tendrán los consumidores para hacer valer el beneficio, así como los mecanismos de información que se usarán hacia los mismos. De hecho, puntualizó, “el acuerdo posterga la difusión, solo dice que se va a acordar”.

Tampoco existe claridad acerca del contenido que autoriza al juez a aprobar el acuerdo.  “¿Es su sola aprobación para las partes una garantía real?”, se preguntó.

El problema  es complejo, concluyó,  en la medida que en este caso parece tratarse de una sola clase de afectado que han sufrido el mismo perjuicio. Pero lo que se avizora en el horizonte es que estas situaciones van a aumentar y los acuerdos se irán complejizando.

Por su parte, el profesor de derecho civil e investigador de la Fundación Fernando Fueyo UDP, Juan Ignacio Contardo, indicó que puede que el acuerdo alcanzado “no coincida con el resultado del juicio que se está ventilando en sede civil”. Expuso que como el juicio del papel tissue  tiene dos demandadas y el acuerdo alcanza sólo a una, se hace necesario determinar la naturaleza civil de la mediación colectiva y del acuerdo judicial para determinar su extensión y efectos civiles y procesales respecto de los otros consumidores y respecto del co-demandado (SCA), con quien no se ha llegado a acuerdo.

El coloquio organizado por el Programa de Reformas Procesales y Litigación y la Academia de Derecho y Consumo de la Fundación Fueyo UDP despertó el interés de abogados y académicos procesalistas, civilistas, y de representantes de asociaciones de consumidores, los cuales participaron  activamente en la conversación desde su experiencia como querellantes y/o partes interesadas en estas mediaciones colectivas.