Desde que asumió el nuevo gobierno, el ministro de Justicia ha señalado que la reforma a la justicia civil será una de aquellas iniciativas legislativas que se reactivarán durante su mandato. En diversos medios de prensa autoridades públicas, académicos y abogados se han referido a este tema.

En este nuevo escenario que se abre parece relevante reflexionar sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en 2014 y reexaminarlo desde una doble perspectiva. Por una parte, su contenido, y, por otra, el proceso político que toda reforma lleva consigo. 

En relación al contenido, habría que revisar la consistencia entre el Mensaje Presidencial con que se despachó el proyecto —donde se abogaba por la inclusión de mecanismos alternativos solución de controversias (ADR)— y la escasez normativa del texto en esta materia. Una nueva discusión constituye una valiosa oportunidad para repensar como integrar los ADR en el marco de la justicia civil y la manera en que estos pueden dialogar con el proceso judicial, de modo de avanzar hacia un sistema amplio y flexible que contemple varios mecanismos con varios puntos de entrada y salida, es decir, un sistema no lineal. 

En materia probatoria, valdría la pena repensar dos instituciones que —por razones distintas— hoy no se encuentran en el texto aprobado. Una de ellas es la figura de las cargas probatorias dinámicas, muy criticada tanto por la técnica legislativa empleada como por las consecuencias que su aplicación podría generar en el tráfico jurídico, lo que probablemente generó que fuera retirada durante la discusión parlamentaria. Ya que se reabre el debate, ¿tendría sentido volver a discutir sobre la idea de legislar en esta materia? Una segunda institución probatoria que no fue incluida en el proyecto original —pero que merece ser analizada— es la noción de estándar de prueba que obliga determinar cuánto margen de error es aceptable en asuntos civiles. La necesidad de definir un estándar de prueba ha sido propuesta por la doctrina y su definición debería ser acometida en el futuro. 

Parece igualmente necesario sofisticar la discusión acerca de la oralidad y la escrituración, presentadas como principios contrapuestos, y utilizar una terminología más compleja, esto es, la noción de audiencia como mecanismo particular de toma de decisión. Lo que debiera debatirse es qué tipo de fases, etapas o cuestiones es necesario decidir en audiencia, cuáles otras pueden decidirse mediante presentaciones por escrito y, finalmente, aquellas en que tendría sentido dejar a la discreción del tribunal la determinación de la mejor forma de interiorizarse de los contornos de la discusión. De este debate debieran surgir definiciones y regulaciones de aquellos beneficios de la “oralidad” que el sistema está dispuesto a proteger y aquellos otros que está dispuesto a transar, de manera tal de escoger qué prácticas deben ser adoptadas por el nuevo sistema y cuáles no. Por ejemplo, en relación con el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el funcionamiento concreto de los sistemas ya reformados nos muestra una gran variedad a la hora de ponerlo en práctica. La comparación del funcionamiento de la audiencia de juicio en materia penal, laboral y familia muestra que, en aquellos juicios orales complejos, que superan una sesión, el respeto y la implementación de este principio es bien distinto en cada jurisdicción, solo existiendo audiencias realmente consecutivas en materia penal. 

Con todo, posiblemente el aspecto que más debate generará dice relación con el vínculo entre el sistema por audiencias que se contempla en primera instancia y las posibilidades de revisión de lo obrado por un tribunal superior. Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico conviven sistemas de revisión restringida —como es el caso del recurso de nulidad penal y laboral— con un sistema amplio, como sucede en materia de familia con el recurso de apelación. A esto se agrega que, en la práctica, en casos penales la revisión realizada por algunos tribunales superiores alcanza también de alguna forma a los hechos y la prueba. La crítica sostenida por algunos sectores de la doctrina nacional reclamando un discutible derecho humano al recurso, junto a una cierta desconfianza en la labor de los jueces de primera instancia, llevará sin duda a que este sea un tema no pacífico y que requerirá de un amplio debate. 

Por otra parte, vale la pena preguntarse qué haremos con la ejecución civil. La propuesta legislativa presentada al Congreso Nacional en 2012 contemplaba un drástico cambio del sistema a través de la creación de la figura del oficial de ejecución y de nuevos procesos ejecutivos. Durante la tramitación parlamentaria, el capítulo que regulaba esta materia fue retirado por el Ejecutivo, lo que significa que el proyecto aprobado no contiene regulación alguna sobre el particular. La tentación de no hacer nada es grande, porque se trata de un tema extremadamente complejo, que toca intereses de muchos incumbentes y que implica, además, un alto costo para hacer una reforma efectiva desde un punto de vista orgánico. Una reforma a la tutela ejecutiva del crédito no solo supone modificar procedimientos, sino también hacerse cargo de los derechos que están en juego —tanto los del acreedor como los del deudor— y avanzar hacia un sistema balanceado que permita una ejecución eficiente, justa y a costos asequibles para las partes y el Estado. 

Finalmente, dentro de este proceso de repensar la reforma debiera contemplarse un espacio para nuevas ideas. Pensamos, por ejemplo, en la incorporación de procedimientos flexibles, desformalizados y de bajo costo, con un uso intensivo de la tecnología como fuente de asistencia e información para litigantes inexpertos en aquellas causas de carácter cotidiano y de baja complejidad. Sin la pesada carga que hoy representa la ejecución para el sistema de justicia en términos de volumen de ingreso (aunque no necesariamente del trabajo de nuestros jueces civiles), la incorporación de un procedimiento como el descrito haría que este tipo de asuntos pasen a constituir una posición de relevancia dentro la actividad de nuestros tribunales y no una proporción ínfima, como ocurre en la actualidad. La evidencia disponible a nivel comparado da cuenta de experiencias en ese sentido. Luego, hay varias razones que llevan a pensar que la mejor fórmula es que estos tribunales sean parte de la estructura del Poder Judicial, pero las más relevante es que ello permitiría acercar la justicia formal a las personas y con ello incidir en los niveles de confianza ciudadana. A mayor abundamiento, ello permitiría reducir costos al integrarse a un proceso de diseño e implementación orgánica y de infraestructura que seguramente deberá hacerse para llevar adelante la reforma a la justicia civil para encontrarse acorde al modelo de oficina judicial implementado en nuestro país durante las últimas décadas. 

Ahora bien, tan importante como un reexamen del contenido del proyecto es el reexamen de su proceso político, esto es, la concepción y objetivos de la reforma y su posterior tramitación legislativa. Desde esta perspectiva, y si se compara el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil con la experiencia de las otras áreas reformadas (penal, familia y laboral), una primera pregunta dice relación con aquellos problemas que la reforma procesal civil viene a solucionar, esto es, su justificación o, dicho en otras palabras, su relato. En el caso de la reforma procesal penal el regreso a la democracia, el respeto por los derechos humanos y la lucha contra la delincuencia fueron narrativas fundamentales para lograr consensos, permitiendo su avance legislativo. En el caso de los tribunales de familia, compromisos internacionales vinculados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su vinculación con la ley del divorcio en Chile, fueron un motor en su tramitación y posterior aprobación. Finalmente, en materia laboral la necesaria transparencia en dicha justicia, el incremento de su legitimidad y la protección de los derechos de los trabajadores permitieron su impulso. 

¿Cuál es la bandera de lucha de la reforma al proceso civil? ¿Por qué la necesitamos? ¿Será la modernización de la justicia un motivo suficiente? La experiencia de discusiones parlamentarias previas muestra que mientras no tengamos respuestas claras a estas preguntas y se comprenda que solo invocar conceptos generales como “debido proceso” o “acceso a la justicia” sin complejizarlos y dotarlos de un contenido específico para esta área del derecho, no será posible generar aquellos consensos necesarios en el mundo político, académico, profesional y social que faciliten su avance legislativo. Como se puede ver, si el Ministerio de Justicia quiere resucitar el proyecto de reforma al proceso civil sería necesario reevaluar la experiencia previa de tramitación parlamentaria, tanto en su contenido como en la estrategia política para facilitar su aprobación legislativa. Además, parece indispensable dar curso a los estudios que sean necesarios para sustentar jurídica y económicamente dicha propuesta, especialmente en materia orgánica.

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Cartas
Martes 08 de agosto de 2017

Nuevos cargos de notarios

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"... Es posible observar en aquellos países donde se han implementado Tribunales de Pequeñas Causas o multipuertas exitosos que estos se ubican en tribunales ordinarios. Ello no solo permite disminuir costos de implementación, sino que se trata también de que sean los propios tribunales quienes brinden respuestas a necesidades legales insatisfechas y así combatir la imagen de que la justicia civil es solo para los ricos..."

 

Nuestro sistema de justicia civil no ofrece respuestas para los conflictos que los ciudadanos enfrentan cotidianamente en el desarrollo de sus actividades económicas, profesionales y sociales. Los chilenos comunes prestamos y contratamos servicios, adquirimos y remodelamos viviendas, oficinas y locales comerciales, compramos y vendemos productos variados, contraemos créditos y otra gran cantidad de servicios financieros. En el marco de esas actividades solemos tener conflictos y estamos acostumbrados a que más allá de un reclamo o alguna otra gestión de buena voluntad, no tenemos la opción de hacer valer nuestros derechos. Diversas son las barreras que este tipo de causas cotidianas enfrentan y que terminan por alejarlos de nuestros tribunales civiles: la falta de información, el excesivo formalismo de nuestro procedimiento civil escrito, un lenguaje demasiado técnico, el costo de honorarios profesionales y gastos procesales, el largo tiempo de duración que puede tomar un asunto entre ingreso y sentencia de término, la falta de un sistema eficaz de ejecución de los fallos, constituyen, entre otros, los factores que hacen que el sistema de justicia no sea una opción real para la gran mayoría de los ciudadanos en la resolución de sus conflictos civiles.

Para dar satisfacción a estas necesidades, el sistema judicial debe contemplar la utilización de procedimientos sencillos donde la demora y los costos monetarios sean reducidos dramáticamente. Para fomentar esta discusión, entonces, queremos avanzar en algunos aspectos que, a la luz de experiencias, tanto comparadas como de aprendizajes que hemos obtenido de proyectos nacionales (por ejemplo, las casi fenecidas UJV), parecen claves con miras a la discusión de un proyecto más concreto en la materia. 

Primero que todo, la mejor práctica es la del sistema conocido como multipuertas, que básicamente consiste en integrar, en un solo lugar, diversos mecanismos tanto para la resolución de conflictos como para satisfacer necesidades, mediante la información o derivación a otras agencias públicas. En el caso chileno, la experiencia con las Unidades de Justicia Vecinal ha demostrado que no basta con una oferta importante de “medios alternativos de solución de conflictos”; estos son muy importantes pero deben articularse en relación con la opción constituida por un proceso judicial. 

Desde el punto de vista del procedimiento judicial propiamente tal, parece conveniente establecer un sistema por audiencias donde predomine la oralidad, al menos en la etapa de prueba. La experiencia comparada muestra que en pequeñas causas es necesario un juez activo para extraer toda la información necesaria de manera informal y flexible. Con este nuevo rol del juez, la regulación de los procedimientos solo debe establecer las etapas y pasos básicos encaminados en la preparación de una sola audiencia donde se resuelva el caso. Los detalles, en cambio, son dejados a discrecionalidad del juez. 

Otras simplificaciones procesales incluyen la manera en que se presenta la demanda (por ejemplo, a través de formularios estandarizados), la renuncia o limitación de la posibilidad de apelar a la sentencia al menos para la parte demandante, así como la reducción de todos los trámites previos al juicio (excepciones dilatorias, réplicas, dúplicas, entre otros). 

Además, es necesario que este proceso judicial sencillo cuente con restricciones a la hora de qué tipo de usuarios podrán hacer uso de este. Experiencias como la de los Tribunales de Pequeñas Causas en California muestran que es necesario implementar filtros de acceso, por ejemplo, a través de tasas judiciales especiales o mediante la cantidad de demandas permitidas al año a personas jurídicas. Esto, con el objeto de resguardar que el principal usuario sea el ciudadano común y corriente y así evitar que se transformen en agencias de cobranza de las grandes empresas. 

Es posible observar en aquellos países donde se han implementado Tribunales de Pequeñas Causas o multipuertas exitosos que estos se ubican en los tribunales ordinarios. Ello no solo permite disminuir costos de implementación, sino que se trata también de que sean los propios tribunales quienes brinden respuestas a necesidades legales insatisfechas y así combatir la imagen de que la justicia civil es solo para los ricos, tan presente en encuestas de opinión ciudadana. 

Lo dicho no significa que el único responsable de su funcionamiento sea el Poder Judicial. Debe comprenderse que brindar una respuesta a estas necesidades legales insatisfechas no es solo deber de los tribunales de justicia; es muy importante que sean construidos en cooperación con el Ministerio de Justicia, no solo por el esfuerzo presupuestario que esto puede significar, sino por la necesidad de coordinación con los sistemas de mediación, arbitraje, provisión de asistencia legal y otros que dependen del gobierno. 

La experiencia norteamericana, a su vez, muestra la importancia que tiene, para un proceso judicial apropiado a las necesidades de las pequeñas causas, la posibilidad de la litigación sin abogados. Esta implica reducción de costos y complejidad, particularmente en términos de la etapa de preparación previa al juicio, y permite a los jueces actuar con un máximo de flexibilidad en la averiguación de los hechos. En nuestro país esta posibilidad se planteó en la ley a propósito de los nuevos tribunales de familia que se crearon el año 2004, experiencia que fracasó justamente ante la completa ausencia de apoyo administrativo, entrenamiento judicial y carencia de metodologías especialmente diseñadas para permitir un adecuado desempeño de las personas que comparecieron sin abogados. 

Otro elemento fundamental es el uso intenso de la tecnología a través de un portal web diseñado en lenguaje ciudadano. Tal dispositivo facilita la información, acceso y proceso de preparación para el litigante pro se. En este punto el Poder Judicial ha avanzado enormemente y así lo han reconocido organismos como el CEJA. No obstante, el camino pendiente es pasar de un diseño pensado para abogados hacia el ciudadano, mediante un verdadero portal de acceso a la justicia. 

Finalmente, y dada la envergadura de lo que significaría tomarse en serio el diseño e implementación de una justicia para causas cotidianas, creemos que este tema debe ser el componente central de la necesaria reforma a la justicia civil. El principal propósito de dicha reforma debe ser el de abrir el sistema de justicia a los ciudadanos comunes para la resolución de los conflictos que los afectan y que hoy carecen de respuestas. 

* Ricardo Lillo y Cristián Riego son profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Originalmente publicada en El Mercurio Legal.

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