“Pacogate” y “Operación Huracán” son algunos de los casos que han revelado problemas al interior de la institución de Carabineros y que alertan de la urgencia de una reforma al organismo.

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce, recién incorporado a la Comisión de Seguridad conformada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, afirmó que “la policía en una sociedad como la nuestra, debiera tener mayores niveles de subordinación a la autoridad y a la sociedad civil, asimismo, desarrollar estrategias adecuadas a las realidades territoriales locales y articular soluciones específicas”.

Para Duce, aún hay resabios del periodo post dictadura que se han transformado en barreras para introducir cambios en la organización policial actual, por ejemplo, el que Carabineros fuera parte de la dictadura militar y tuviera una bancada parlamentaria inicialmente, les hizo adquirir poder y autonomía fáctica que todavía mantienen.
“La emergencia del problema de seguridad ciudadana en los últimos 15 o 20 años, se anota como explicación para darle poder a la policía en los hechos y a través de un conjunto de normas jurídicas, que han reforzado su autonomía” indicó el abogado.
No obstante, también identificó la falta de una estructura institucional fuerte en la autoridad civil para poder cumplir como contraparte técnica y fiscalizadora, es decir, un déficit en la preparación del aparato estatal en esta materia.
Consultado por los cuestionamientos a la recolección de pruebas por parte de policías y el deterioro de la fe pública, el presidente ejecutivo de Espacio Público sostuvo que las situaciones que se han imputado en La Araucanía se tratan de figuras delictuales complejas, que exceden la pura flagrancia, y en las que no se cuenta con la capacidad técnica ni pruebas científicas o de ciencia forense para esclarecer los hechos.
En efecto, señaló que “Operación Huracán ha mostrado lo complejo que es tener laboratorios que dependen de jerarquías y que tienen por funciones específicas la persecución penal, debido a que hay incentivos y sesgos que a veces pueden perjudicar la calidad y confiabilidad de las pruebas”.
Por último, desde el punto de vista del abogado, hay un gran desafío en la insuficiencia del modelo de formación policial que históricamente hemos tenido y los perfiles de candidatos a la institución, puesto que se requiere a su juicio, de operadores que tengan las herramientas para dialogar con la comunidad y resolver los problemas siendo eficientes y con respeto a los derechos individuales.

La Comisión de Seguridad creada por la actual administración tiene hasta julio para presentar un informe enfocado en medidas para la modernización de las policías.

Originalmente publicado en Diario Uchile. http://radio.uchile.cl/2018/05/11/mauricio-duce-la-inseguridad-es-utilizada-como-justificacion-del-poder-de-carabineros/ 

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Participación de Cristian Riego en el Programa la Semana Política de Diario El Mostrador.

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Igualmente puede verse la entrevista en el siguiente link: http://www.elmostrador.cl/tv/la-semana-politica-tv/2018/04/25/la-semana-politica-la-fiscalia-y-las-debilidades-institucionales/ 

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El pasado 14 de mayo el investigador del PRPL fue entrevistado por Radio Universo acerca del estado actual de la fiscalía nacional, las intervenciones del fiscal nacional abbot y la posible acusación constitucional en contra de este.

 

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Puede acceder a la entrevista en el siguiente link de Radio Universo: http://www.universo.cl/juan-enrique-vargas-y-destitucion-de-abbott-no-hay-hay-antecedentes-que-la-justifiquen-la-salida-del-cargo/radio/2018-05-14/105817.html 

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Martes, 22 Mayo 2018 10:57

Reforma procesal penal

Recientemente, el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA)  publicó un completo estudio sobre la reforma procesal penal a una década de su implementación en Chile. El informe combina el análisis de los datos estadísticos disponibles, la observación de múltiples audiencias y entrevistas a actores. Entre los éxitos del nuevo sistema resalta que efectivamente logró modificar la forma como se imparte la justicia criminal en nuestro país, constituyéndose en la transformación de mayor envergadura experimentada en décadas por el Estado. El sistema ha demostrado ser capaz de lidiar adecuadamente con su carga de trabajo, pese a los pronunciados aumentos que ha experimentado en el período, sin producir los grados de congestión y lentitud que por lo general caracterizan los sistemas de justicia. Esto se ha logrado a la par de mejorar el respeto de los derechos de los imputados, desmintiendo esa idea tan extendida de que habría una suerte de juego de suma cero entre garantías y eficiencia, que todo lo que se gana en una se hace a costa de la otra.

Es en los delitos flagrantes, aquellos en que los imputados y la evidencia se encuentran inmediatamente disponibles, donde el sistema se muestra especialmente ágil para dar una respuesta, ya sea a través de un juicio o una salida alternativa. La situación es distinta tratándose de casos con imputado desconocido (los que representan algo más del 50% del sistema), los cuales en su inmensa mayoría terminan en un archivo provisional. Más allá de las limitaciones estructurales, por las que ningún sistema de justicia criminal pueda dar respuesta a todos los delitos que conoce, lo cierto es que los archivos se han convertido en la fuente de mayor crítica al trabajo del Ministerio Público. Como generalmente sucede en esto, hay algo de razón y también de injusticia. Entre las primeras, el estudio revela la forma extremadamente formal y distante que utilizan los fiscales para comunicar los archivos a las víctimas, lo que se hace a través de una carta y no un contacto personal. El otro aspecto negativo es que, de hecho, estos archivos de provisionales tienen poco, pues una vez decretados nada pasa con el caso, cuestión que se espera cambie con las Unidades de Análisis Criminal.

Pero la crítica olvida que la responsabilidad por la investigación criminal no es del Ministerio Público, sino de las policías. Hay que recordar que los fiscales son abogados, no investigadores. Para un fiscal el caso solo existe cuando hay un imputado y hay prueba que presentar en juicio; mientras ello no suceda poco o nada puede hacer. Por lo mismo, más allá de los problemas de coordinación y capacitación entre fiscales y policías que el informe acertadamente revela, existe un problema más estructural de delimitación de responsabilidades que hay que resolver. No debiera extrañar entonces que las víctimas de los delitos más graves se muestren más satisfechas con el funcionamiento del sistema y con el propio Ministerio Público que las que padecieron delitos menores, que son los que generalmente quedan sin resolver. Resulta paradojal  que esas víctimas le echan la culpa a los fiscales y no a los policías por el fracaso en sus casos.

Originalmente publicada en la Tercera.com

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El próximo martes 7 de noviembre, en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, se llevará a cabo este importante seminario internacional, en el cual expondrá el Profesor Richard Leo, uno de los expertos a nivel mundial sobre condenas erróneas. 

 

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Mauricio Duce, Director del Programa de Reformas Procesales y Litigación, participó en la última versión del programa Informe Especial de TVN, referido al caso de Nábila Rifo. Duce fue consultado como experto a nivel nacional en materia de prueba pericial. En particular, Duce se refirió a como en el derecho comparado se maneja la prueba pericial y el impacto decisivo que esta puede tener en la condena o inocencia de una persona.

Puede acceder al programa de informe especial en el siguiente link: http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-las-dudas-en-el-caso-de-nabila-rifo-2501457

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El pasado 19 de julio el Director de nuestro programa expuso en la comisión de seguridad ciudadana de la cámara de diputados. En el siguiente link puede ver el video http://streaming.camara.cl/vd/PROGC013463.mp4 

La intervención de Duce va desde el minuto 21.30 hasta el 40:00 y posteriormente responde las preguntas entre el 1:34:45 y el 1:42:15. 

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"... Los problemas que enfrenta son más profundos y van mucho más allá de los evidentes déficits de control financiero que presentaba. En la medida que no sean resueltos me temo que desaprovecharemos una enorme oportunidad para encarar un proceso que los supere y permita contar con una institución capaz de enfrentar los desafíos que representa a las policías una sociedad chilena como la actual..."

 

En una columna que publiqué en El Mercurio Legal en diciembre de 2016 hice un llamado a que tuviéramos una mirada más profunda sobre el trabajo policial en nuestro país, donde expresaba que “sin mejoras importantes en esa materia, las que eventualmente pasan por cambios significativos de diseño institucional, no nos estaremos haciendo cargo de los problemas de fondo”. Refiriéndome al conjunto de polémicas que se suelen presentar, concluí la reflexión preguntando: “¿No será la hora que comencemos con esta discusión de una vez por todas?”.

Lamentablemente no se ha avanzado mucho en la materia y con el transcurso del tiempo cada vez se hace más necesario iniciar este proceso de reflexión. En efecto, a partir de marzo pasado se ha conocido una defraudación masiva de recursos en Carabineros de Chile que a la fecha involucraría una cifra cercana a los $ 22.500 millones y en la que han sido formalizado 80 personas como potenciales autores. Se espera que en las próximas semanas estas cifras puedan aumentar y no se descarta que surjan nuevas aristas que agreguen más elementos a la ya compleja investigación que lleva adelante el Ministerio Público. A pesar de que aún falta agua por correr bajo el puente, a esta altura ya estaríamos en presencia del caso de defraudación de fondos públicos más grande que ha conocido el sistema procesal penal acusatorio desde su puesta en marcha en nuestro país el año 2000. Además, sería uno de los más complejos desde el punto de vista de la cantidad de imputados involucrados (en su gran mayoría funcionarios en servicio y ex funcionarios). 

El caso ha generado natural preocupación en autoridades y también en la opinión pública, no solo en relación a la defraudación sino que respecto al estado en que se encuentra Carabineros. En esta dirección ha existido un reconocimiento de parte de las propias autoridades institucionales acerca de la falta de cultura de control interno que derivó en los hechos actuales. Se trata de algo muy preocupante ya que Carabineros ha sido consistentemente evaluada en distintas encuestas de opinión durante los últimos años como la entidad pública que genera mayor confianza y la mejor apreciada por la ciudadanía. Por lo mismo, ha sido una enorme sorpresa que se haya visto involucrada en hechos de esta naturaleza y magnitud sin haber tenido capacidad de reaccionar en forma más oportuna. 

Como era esperable, esto ha tenido impacto en la percepción pública sobre la institución. Así, el Estudio Nacional de Opinión Pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y dado a conocer en mayo pasado mostró una baja muy relevante en esta materia. De acuerdo a los datos publicados, Carabineros pasó de tener una confianza promedio de 56% en las tres encuestas previas (2014 a 2016) a un 37% en esta última. Se trata de un verdadero desplome de cerca de 20% absoluto o, si se quiere, de más de un tercio respecto a su promedio. Además, la Encuesta CEP muestra que Carabineros dejó de ser la institución más confiable del país, a pesar de que su valoración sigue siendo alta en relación a otras instituciones públicas y privadas que aparecen mencionadas. 

De la mano de estos sucesos poco a poco también ha comenzado un debate sobre la necesidad de realizar cambios y reformas a la institución. A días de conocerse públicamente la investigación del Ministerio Público, el director general anunció la elaboración de un conjunto de propuestas destinadas a establecer mayor controles en su gestión financiera. Es así como a finales de abril se presentó un paquete de medidas y propuestas de cambio que fueron respaldadas en forma bastante rápida y pública por el Ministerio del Interior y otras autoridades. En mi opinión, se trata de medidas absolutamente necesarias, pero también insuficientes. Los problemas que enfrenta Carabineros son más profundos y van mucho más allá de los evidentes déficits de control financiero que presentaba. En la medida que no sean resueltos me temo que desaprovecharemos una enorme oportunidad para encarar un proceso de modernización que los supere y permita contar con una institución capaz de enfrentar los desafíos que representa a las policías una sociedad chilena como la actual. Me parece que el gran desafío que tenemos como país es hacer de Carabineros una institución más democrática, profesional, efectiva y moderna. 

Algunos elementos a considerar para el diagnóstico

Como señalaba, los problemas que enfrenta Carabineros van mucho más allá de las deficiencias detectadas a partir del “Pacogate”, sino que se vinculan a cuestiones más profundas asociadas a su capacidad para cumplir algunas de sus funciones centrales, así como también de adecuación de su diseño institucional a la realidad actual. 

Revisemos esto con algunos ejemplos. Según la Ley Orgánica de Carabineros (Ley N° 18.961 de 1990) es misión esencial de la institución su desarrollo como policía preventiva y colaborar con la investigación de delitos. Desde hace mucho tiempo diversos indicadores muestran algunos problemas de la institución para cumplir satisfactoriamente tales roles. Por ejemplo, evaluaciones realizadas a uno de los principales programas desarrollados en materia de su función preventiva, el Plan Cuadrante, dan cuenta de que sus resultados son mucho más modestos y con menos impacto que el esperable e, incluso, con problemas relevantes en su gestión. Por otra parte, en materia de su rol investigativo, una evaluación realizada sobre la calidad y aporte de los informes policiales (centrado en órdenes de investigar que diligencian las policías) también arrojó deficiencias importantes en actividades investigativas básicas como tomas de declaraciones, empadronamiento de testigos y aporte de elementos útiles a la investigación (Ministerio Público, 2014). En esta misma dirección, la Comisión Asesora Presidencial (creada durante el gobierno de Sebastián Piñera) para elaborar propuestas de perfeccionamiento al sistema de justicia penal, establecida en 2012, identificó problemas relevantes de coordinación del trabajo policial con el resto del sistema, como también deficiencias serias en el trabajo investigativo de funcionarios de Carabineros, recomendando el desarrollo de programas de capacitación específicos sobre la materia (Informe de la Comisión Asesora Presidencial para el Perfeccionamiento del Sistema de Justicia Penal, diciembre 2012). En fin, mi propia investigación empírica en el área de procedimientos de reconocimiento ocular muestra desconocimiento relevante de los funcionarios de Carabineros de los protocolos existentes en la materia y prácticas muy poco rigurosas en su ejecución que deterioran la calidad de las investigaciones criminales (Duce, 2017). No puedo detenerme en este punto con el detalle que merece, pero menciono que también hay evidencia de que el uso excesivo de fuerza y los abusos policiales se han incrementado en los últimos años, particularmente respecto a sectores más vulnerables de la población (Amnistía Internacional, 2016 e Instituto de Derechos Humanos, 2012). 

Junto con lo anterior, hay otros indicadores sobre su configuración institucional que también muestran problemas. Me parece que uno de los centrales es la concepción de autonomía que la propia institución tiene de sí misma, entendida como una forma de limitar e impedir el control a su gestión en distintos ámbitos. Esta forma de concebir la autonomía se asemeja más a una noción de autismo institucional que otra cosa, es decir, a la idea de que no existen deberes de rendición de cuentas fuertes y que los controles externos son una molestia. El caso “Pacogate” ha dado cuenta de que desde el punto de vista de la gestión y control financiero había problemas graves. Esto incluso llevó a que tres subsecretarios de Interior, de gobiernos y partidos políticos diferentes (Jorge Burgos, Felipe Harboe y Rodrigo Ubilla) coincidieran en que Carabineros contaba con niveles muy altos de autonomía en la gestión de sus recursos, lo que dificultaba seriamente el control que en su cargo les correspondía hacer a la institución (El Mercurio, 26 de marzo de 2017). Esa excesiva autonomía, y en su contracara poca posibilidad de control, ha traspasado los límites puramente financieros. Por ejemplo, le he escuchado a varios especialistas y autoridades —de diverso signo político y en distintas épocas— que les era muy difícil incluso acceder a información básica sobre distribución de recursos y personal específico de Carabineros para desarrollar control adecuado a su función y orientar el desarrollo de políticas públicas en la materia. Un ejemplo personal puede graficar esto: en junio de 2016 solicité a la institución por vía de transparencia información sobre el número de peritos que disponía y sus especialidades para efectos de una investigación académica que realizaba sobre uso de la prueba pericial en Chile (financiada por el propio Estado a través de un proyecto Fondecyt). La respuesta de Carabineros, en agosto del mismo año, fue que dicha información era reservada ya que su publicidad podría afectar el cumplimiento adecuado de sus funciones, los derechos de las personas y la seguridad nacional. En forma paralela, la Policía de Investigaciones me envió la misma información sin problemas. 

La respuesta paradójica de las políticas públicas prevalentes a la fecha

En el escenario descrito es sorprendente que las principales políticas públicas y propuestas presidenciales presentadas en los últimos años en Chile no se hayan hecho cargo de estos problemas y, más bien, su foco haya sido incrementar poderes y recursos de la institución sin establecer sistemas de control en serio. En alguna medida se ha tratado de una agenda que solo ha considerado el punto de vista que la propia institución ha presentado, sin una mirada crítica. Esto ha llevado a que las políticas públicas más relevantes implementadas en el sector hayan sido los aumentos de presupuesto, de dotación y la propuesta de reformas legales de reforzamiento de sus facultades. 

En materia presupuestaria, por ejemplo, entre 2006 y 2016 se produjo un crecimiento cercano al 60% del presupuesto asignado. En relación a la dotación, esta se incrementó desde 2005 a la fecha en más de 55% (de 42.874 a 66.603 funcionarios, según datos proporcionados por el director general de Carabineros ante la “Comisión Especial Investigadora de las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile y en relación a las actuaciones de los distintos organismos públicos en la materia” de la Cámara de Diputados). 

El impacto de esto no ha sido menor. Por ejemplo, en la actualidad la principal proporción del gasto público que se invierte en materia de delincuencia está asignado a las policías (49,1% del total) y dentro de ellas a Carabineros (38%), todo esto en un contexto de aumento significativo del mismo entre 2013 y 2015 (9,2%) (Libertad y Desarrollo, 2016). 

Finalmente, en los últimos años se han dictado diversas leyes que han aumentado de manera significativa los poderes policiales para controlar la identidad de personas, detenerlas en flagrancia, registrarlas a ellas, sus ropas, equipajes y domicilios, las facultades autónomas de investigación, entre otras (los mejores ejemplos son las agendas cortas de 2008 y 2016: leyes n° 20.253 y n° 20.931). Esas mismas reformas han disminuido las posibilidades de control judicial al trabajo policial, por ejemplo, limitando los efectos de que una detención sea declarada ilegal. 

A pesar de todos estos cambios, el discurso prevalente de Carabineros ante la opinión pública, que además ha sido adoptado irreflexivamente por distintas autoridades en los últimos años, es que cuentan con pocos recursos y el sistema legal los tiene atados de manos por las escasas facultades legales y el excesivo control judicial. 

Me parece evidente que ese diagnóstico no se corresponde con la situación actual. Por ejemplo, las tasas de policías por cada 100.000 habitantes parecieran estar cercanas a los promedios de países con igual o superior desarrollo que Chile. Así, de acuerdo a datos de la CAF, en 2011 Chile contaba con más de 230 policías por cada 100.000 habitantes, en tanto que EE.UU. y Canadá tenían 223 y 202, respectivamente. Esta cifra, en todo caso, se ha incrementado de manera significativa en los últimos años acercándonos al promedio mundial de 300 policías por cada 100.000 habitantes estimado por Naciones Unidas para 2006

Desde el punto de vista de sus facultades legales, hemos llegado a una situación en que es posible afirmar que las policías tienen más poderes que durante la vigencia del sistema inquisitivo. Por ejemplo, de acuerdo a cifras del Poder Judicial, en el período comprendido entre 2010 y 2016 solo un 0,8% de las detenciones habría sido declarada ilegal, es decir, las que fueron sometidas a un escrutinio crítico negativo del trabajo policial fue una porción ínfima del total. Este dato no cuenta además el más de un millón de controles de identidad anuales que no generan detención judicial y que, por lo mismo, no son objeto de control judicial posterior. 

Quiero aclarar el punto. Los datos que he proporcionado no significan que no sea necesario seguir haciendo mejoras a nivel de recursos, número de funcionarios o facultades legales. El tema es que no se trata de la única dimensión que debe alimentar la reflexión y políticas públicas en materia policial, especialmente en un escenario donde ya se ha avanzado sustantivamente. 

Algunos aspectos a considerar para una modernización profunda

En el escenario descrito es que me parece tenemos una oportunidad para iniciar un diálogo que permita enfrentar como política de Estado una reflexión sobre nuestras policías y especialmente Carabineros. La institución cumple una función clave para el Estado de Derecho y, por lo mismo, su legitimidad ante la ciudadanía es un valor que debemos cuidar como país. La forma de mantener e incrementar esa legitimidad pasa por iniciar un proceso de modernización más profundo que el que actualmente se ha discutido. 

Para iniciar este proceso es indispensable contar con más y mejor información que la que hoy tenemos acerca de su funcionamiento. No es aceptable que para llevar adelante un proceso de este tipo se esgriman razones de seguridad o de otra naturaleza para impedir el acceso a información que resulta clave para el diseño de políticas públicas. 

Resuelto el problema anterior, y en estrecha vinculación al mismo, me parece que una de las claves en este proceso de modernización pasa por establecer mecanismos más específicos de rendición de cuentas y mayor control del poder civil de Carabineros. Esto supone también establecer reglas que impongan mayores deberes de apertura institucional y transparencia que los actuales, no solo en materia financiera, sino también operativa. 

Una segunda clave pasa por avanzar a una mayor profesionalización. En esta dirección me parece habría que tener una nueva mirada acerca de la estructura de la institución (¿conviene o hace sentido mantener dos estamentos o escalafones tan diferenciados? ¿Es necesario que siga siendo un cuerpo tan militarizado?), revisar los sistemas de ingreso, capacitación, promoción, remuneraciones, etc. 

Una tercera clave pasa por definir con mayor precisión sus facultades y funciones en contextos donde otras instituciones cumplen roles equivalentes o complementarios. En esta área un tema central es que habría que tener una mirada de cómo compatibilizar mejor los roles entre ambas policías existentes. Además, debiera hacerse un diseño más sofisticado de coordinación entre Carabineros y otras agencias estatales como el Ministerio Público. Finalmente, habría que preguntarse si hay funciones que debieran mantenerse a futuro o que conviene más bien que sean asumidas por otras instituciones de mayor especialidad. Por ejemplo, habría que examinar si vale la pena que ambas policías mantengan laboratorios de investigación científica (el Labocar en caso de Carabineros) y si no convendría más bien instalar esa función en un sistema de laboratorios del Estado, independientes de la función policial, como es la tendencia y recomendación a nivel comparado. 

Otra clave pasa por buscar formas efectivas y eficaces de descentralización del trabajo policial, promoviendo el desarrollo de iniciativas locales adecuadas a la diversidad de experiencias y realidades del país y en plena coordinación con las instituciones y autoridades a ese nivel. 

En fin, no puedo abordar todos los temas relevantes en una columna de esta naturaleza. Creo que examinar la experiencia comparada acerca de cómo han evolucionado instituciones similares podría arrojar muchas luces para nuestro debate. También pienso que esta conversación debiera ser muy abierta y participativa, incluyendo perspectivas de la sociedad civil y las propias organizaciones policiales. Como el lector puede apreciar, se trata de una discusión bastante amplia y que requiere estar abierto a cuestionar las premisas sobre las cuales se ha trabajado hasta el momento. Creo que como sociedad nos merecemos iniciar esta conversación, que ojalá npermita consensuar una agenda modernizadora completa que facilite un proceso de cambio sustantivo de la actual organización de Carabineros. Un supuesto básico indispensable para avanzar en una agenda de este tipo es contar con voluntad y decisión política y, a la vez, una visión de Estado. Esperemos que el contexto actual nos persuada como sociedad de que estamos frente a un tema que lo merece.

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El 22 de mayo de 2017 el Director del Programa de Reformas Procesales y Litigación fue entrevistado por radio ADN. 

A continuación se transcribe la nota publicada por el sitio web de dicho medio, pueden escuchar el audio de la entrevista en el siguiente link: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/espacio-publico-el-pacogate-es-una-oportunidad-para-pensar-una-renovacion-operativa/20170522/nota/3470126.aspx 

 

Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público, aseguró que el escándalo denominado como Pacogate es una oportunidad para plantear una renovación de la institucionalidad de Carabineros.

El abogado contó en ADN Hoy que, si bien se entiende la autonomía de la policía uniformada, es necesario reforzar los sistemas de control desde el mundo civil.

"Somos buenos para crear órganos autónomos, somos mal para el diseño de controles", dijo.

 "Tiene que haber un control civil sobre su actuación. La transferencia importante de recursos y el bajo control, es una ecuación peligrosa", agregó.

Duce destacó que el Pacogate es una oportunidad "importante"  de mirar a Carabineros con un "poco más de cuidado" e impulsar una modernización que vaya más allá de lo administrativo. “Es una oportunidad para pensar una renovación operativa”, dijo y agregó que en los últimos años el presupuesto de la policía uniformada ha aumentado en más de un 50% en distintos periodos y se han incrementado las atribuciones de los funcionarios.

"La pregunta es: ¿Qué podemos hacer para tener a una carabinero mucho más profesionalizado?"

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En la reciente edición impresa de la Revista El Mercurio Legal se entrevista en detalle a Cristian Riego sobre la Reforma procesal penal y su futuro. La publicación señala:

"Este profesor de la U. Diego Portales, que fue director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal chileno y la ley del Ministerio Público, analiza los problemas que hasta hoy persisten en la investigación de los delitos, incluidas las dificultades de coordinación entre las policía".

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